La nueva asociación “Por un acceso justo al medicamento”, impulsada por la OMC, contrapone los precios de los medicamentos frente los sueldos de los profesionales

La defensa de un acceso equitativo a fármacos seguros y asequibles que garanticen la calidad de vida de la población española ha originado el nacimiento de la Asociación “Por un acceso justo al medicamento”, que se ha presentado en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC).

La nueva entidad está impulsada por:

  • Fernando Lamata, experto en Salud Pública y Políticas de Salud, ex secretario general del Ministerio de Sanidad
  • Roberto Sabrido, gerente de Coordinación e Inspección del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ex presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y ex consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha
  • Juan José Rodríguez Sendín, médico de familia y presidente de la Organización Médica Colegial
  • Javier Sánchez Caro, abogado, profesor honorario de la Escuela Nacional de Sanidad y exdirector de los Servicios Jurídicos del Instituto Nacional de la Salud (Insalud)
  • Ramón Gálvez, experto en gestión de servicios de salud y exgerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y de varios hospitales
  • Carlos Álvarez, profesor experto en gestión de enfermería
  • David Larios, abogado, responsable de la Asesoría Jurídica de la OMC y excoordinador de los Servicios Jurídicos y Bioética del SESCAM.

Uno de los principales fines de la Asociación radica en la defensa del derecho a acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad en el sistema sanitario público. Asimismo, la lucha contra el abuso del sistema de patentes en todo aquello que implique una barrera para el acceso efectivo y equitativo de la población a los medicamentos es otro de los objetivos de esta Asociación, junto con la apuesta por un sistema sanitario público y de acceso universal.

Para el cumplimiento de los fines expuestos, la nueva entidad se ha marcado una hoja de ruta que incluye la promoción y desarrollo de actividades para facilitar el acceso de todas las personas a los medicamentos necesarios y para la eliminación de los abusos del sistema de patentes a través de publicaciones, actividades de formación, reuniones científicas, seminarios y conferencias.

La propuesta de cambios legislativos y el impulso a decisiones políticas y administrativas que posibiliten el acceso a los medicamentos necesarios de todas las personas, elevando propuestas a los órganos competentes, también forman parte de su plan de acción junto a la realización de actividades de difusión y comunicación social y todas aquellas que favorezcan la defensa del derecho al acceso a los fármacos.

La colaboración con otras asociaciones o entidades representativas para el desarrollo y mejora del acceso al medicamento, así como emprender las acciones judiciales o administrativas sean necesarias para conseguir los objetivos marcados por la nueva entidad también están incluidas en su plan de acción.

Los promotores de la Asociación consideran que el acceso a los medicamento “puede ser una cuestión de vida o muerte”, pero además es fundamental para mejorar la calidad de vida y es primordial para tener una vida digna.

Desde su punto de vista, son muchos los factores que contribuyen en estos momentos a esta problemática como la pobreza, no disponer de sistemas públicos de salud de cobertura universal y el uso abusivo de las leyes de propiedad intelectual o patentes de medicamentos. El grave problema de la falta de acceso a fármacos esenciales “no es exclusivo de los países pobres o en vías de desarrollo, sino que también ha llegado ya a los denominados países desarrollados”, como subrayan.

Desde la Asociación se advierte, además, de la “presión insoportable de algunas compañías farmacéuticas, debido a su posición dominante en base a las patentes otorgadas por los gobiernos, que están rompiendo los equilibrios tradicionales al poner unos precios abusivos”. Como consecuencia de ello, el Sistema Nacional de Salud se ve obligado a detraer recursos de otras necesidades de atención sanitaria, especialmente del gasto en remuneraciones del personal y de la incorporación de nuevos profesionales.

Este tipo de presión, sostienen, pone en riesgo la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y obstaculiza, en definitiva, el acceso de las poblaciones más vulnerables a los nuevos medicamentos.

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