La Comisión de Sanidad del Senado aprobó ayer regular el baremo indemnizatorio de los daños y perjuicios causados por la actividad sanitaria para dar mayor seguridad jurídica, agilizar las indemnizaciones y reducir los litigios.
En concreto, la Comisión, con el apoyo de todos los grupos y el voto en contra de Podemos, ha votado una propuesta de modificación a una moción inicial del grupo popular que pide también elaborar un Real Decreto para la implantación y aplicación generalizada de ese baremo.
El senador del Partido Popular, Jesús Aguirre, en la defensa de la moción, destacó la importancia que tiene una legislación específica sobre baremos de daños sanitarios y el impacto que tendría para los profesionales sanitarios y pacientes, así como tambén para fidelizar a las empresas del sector en responsabilidad civil profesional. Además, recordó que Francia y Portugal ya cuentan con este baremo.
“Un descenso de la litigiosidad y una mayor rapidez en la solución de los problemas indemnizatorios”, y es que a su juicio, con este desarrollo legislativo eso se conseguirá. Además, prosigue, “permitirá a las compañías de seguro fijar las previsiones por siniestro dentro de cada ejercicio y frenará los incrementos de primas”.
Aumento en últimos años de litigios y de inseguridad jurídica entre pacientes
Aguirre indicó que la experiencia de los últimos años, evidencia un “crecimiento” de los litigios y “un aumento considerable de la incertidumbre e inseguridad jurídica” entre pacientes, profesionales sanitarios y entidades e instituciones de distinto tipo que, de una forma u otra, operan en el sector.
Para el senador popular, un baremo indemnizatorio propio para los daños y perjuicios sobrevenidos en el ámbito sanitario facilitaría la cuantificación del montante indemnizatorio, evitando de este modo situaciones de falta de equidad y de desigualdad de trato. A su juicio, evitaría también la llamada ‘medicina defensiva’, “mala para el paciente, los profesionales y el propio sistema sanitario”.
Estas declaraciones han sido corroboradas por la senadora del Grupo Parlamentario Socialista, María Perla Borao, quien ha avisado de que las reclamaciones por daños originados por la actividad sanitaria han ido creciendo de forma “desorbitada” en los últimos tiempos, produciendo una “alta litigiosidad e incertidumbre” por “una laguna que se arrastra desde hace más de 15 años y que deja en el limbo a los pacientes” y cuyo motivo ha sido que hasta la fecha no se haya regulado un baremosespecífico. “Ahora estamos ante una propuesta que creemos que acabará con las divergencias, generará seguridad jurídica y, además, creará criterios de equidad”, zanjó.
..Emilio Ramirez
