El TSJVC (Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana) ha suspendido las medidas cautelares sobre las normas de reversión del Hospital de La Ribera durante mes y medio, reconociendo que las medidas de la Administración Valenciana son exageradas.
Según el auto del TSJCV las medidas son exageradas y “existe desproporción en el tiempo que la Administración concede a la concesionaria para cumplimentar sus requerimientos de información y el que la misma se reserva para la comprobación de la misma”. Para Ribera Salud esta resolución demuestra que la Conselleria de Sanitat está exigiendo unos plazos técnicamente imposibles de cumplir, y que tal y como denunció en su momento, ello podía repercutir en la calidad de la prestación del servicio que reciben los ciudadanos.
La sala considera que existe “desproporción” entre el tiempo que la administración concede a Ribera Salud para cumplimentar sus requisitos de información sobre estructura organizativa, recursos humanos y económicos y actividad asistencial, y el que se reserva comprobar dicha información. Además, el hecho de que sea un mes con mayor días inhábiles de lo habitual también es tenido en cuenta por la Sala.
Por todo ello, accede a suspender la totalidad de los plazos de los requerimiento contenidos en las normas durante un mes y medio.
Sin embargo, para la Consellerìa este fallo mantiene la “hoja de ruta diseñada por la Administración para que, con total normalidad, a partir del 1 de abril de 2018 el departamento de salud de La Ribera se incorpore a la gestión pública directa“, y avala que se mantengan con total vigencia las normas de reversión.
Reversión por cuestiones políticas, no asistenciales
Sin embargo, frente a la postura de la Administración, pacientes y profesionales han unido sus voces y sus fuerzas para asegurar que la reversión se hace porque forma parte del proyecto político de PSOE y Compromís, como ya ha reconocido la propia Carmen Montón, y no hay detrás motivos asistenciales.
Los resultados, encuestas y datos aportados por la concesionaria avalan la prórroga de la concesión. El trabajo realizado por la empresa y los profesionales ha dado resultados sobresalientes, especialmente valorados por los propios pacientes, mientras que la Administración no ha realizado ninguna auditoria de gestión, que sí prometió al principio de la legislatura.
La propia Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana, órgano de control externo económico y presupuestario de la actividad financiera de la Administración, avaló el único informe que se ha hecho de este sistema concesional, aunque sobre el hospital de Manises, también de Ribera Salud, asegurando que “el gasto soportado por la Administración por la asistencia sanitaria integral prestada en el Departamento de Salud de Manises (674 euros por habitante, excluyendo una estimación capitativa de la inversión prevista por el concesionario durante la vigencia del contrato) es un 24,6% inferior al gasto corriente público en asistencia sanitaria en el conjunto de departamentos de gestión pública catalogados como comarcales (894 euros por habitante)”.
..Alfonso González
