Publicado en El Español La Generalitat valenciana ha decidido poner fin a una de las pocas experiencias exitosas de colaboración público-privada en España. La consejera de Sanidad, la socialista Carmen Montón, ha anunciado que en abril de 2018, el Hospital de Alzira dejará de ser gestionado por la empresa Ribera Salud y pasará a ser manejado directamente por la Comunidad Valenciana. Las razones conocidas de esta decisión son únicamente políticas e ideológicas. El gobierno valenciano, formado por el PSOE, Compromís y Podemos, dice que la reversión figuraba en sus programas y fue recogida en el llamado Pacto del Botánico y que con eso basta. Montón, en una entrevista, ha afirmado que la salud es “un derecho y no un motivo de negocio”. En busca de una base argumental donde asentar su decisión, la Generalitat encargó a la Sindicatura de Comptes (el tribunal de cuentas de la comunidad autónoma) una auditoría operativa de la concesión sanitaria del Departamento de Salud de Manises. El actual síndic es el economista valenciano Vicent Cucarella Tormo, designado por el Parlamento en julio pasado por 77 votos frente a 11 nulos. El resultado de la auditoría no ha hecho más que confirmar que la apuesta ideológica puede ser legítima, pero le va a costar más cara a los valencianos.
