Inicio ASP ASPE pide a la Defensora del Pueblo que presente un recurso de...

ASPE pide a la Defensora del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad a la ley que excluye a la privada de los conciertos

Compartir

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, recibió el pasado viernes a la Alianza de la Sanidad Privada Española, representada por el secretario general de ASPE, Carlos Rus, y el responsable del departamento jurídico de ASPE, Luis Mendicuti, que fueron acompañados por Miguel Lacasa, del despacho de abogados Lener.

Durante la reunión, los representantes de ASPE solicitaron a la Defensora del Pueblo la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 7/2017 de la Comunidad Valenciana, sobre acción concertada para la prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario.

ASPE defiende los conciertos de la privada ante la Defensora del Pueblo

Haciendo una injustificada transposición de una Directiva Europea, esta Ley busca excluir a las entidades con ánimo de lucro de los conciertos, algo contrario a los principios de Derecho europeo de libre circulación de servicios y de apertura a la competencia no falseada y más amplia posible. Por su parte, la Ley General de Sanidad no prevé la posibilidad de excluir a las entidades con ánimo de lucro a los efectos de establecimiento de conciertos sanitarios, por lo que esta nueva Ley infringe la normativa básica del Estado.

Esta misma semana se procederá a la petición formal por parte de ASPE de la presentación del recurso de inconstitucionalidad a la Defensora del Pueblo. Desde la Alianza de la Sanidad Privada Española recordamos que, a pesar de los continuos ataques que recibe por parte de ciertos sectores, el sector sanitario privado contribuye de manera significativa al desarrollo de nuestro país por lo que debe ser un aliado estratégico incuestionable de la sanidad pública para el sostenimiento del SNS. La Sanidad Privada supone más del 3% del PIB de nuestro país y da empleo directo a más de 250.000 personas.

Las crisis política y económica ha supuesto que en muchos casos se estigmatice el papel de la sanidad privada

La reciente crisis económica y la actual crisis política han hecho que, en muchos casos, se estigmatice el papel de la sanidad privada, presentándola como enemiga de la sanidad pública y estableciendo barreras en cada vez más CCAA, tanto ideológicas como legales. De hecho, hay lugares donde el éxito se mide por la desconcertación y discriminación al sector privado.

Hay lugares donde el éxito se mide por la desconcertación y discriminación al sector privado

El artículo 43 de la Constitución Española de 1978 reconoce el derecho a la protección de la salud y señala que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. En su artículo 41, de indudable conexión temática con el artículo comentado, la Constitución establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.

A su vez, nuestra Carta Magna legitima la actividad empresarial privada, reconociendo en su artículo 38 la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, y obliga a los poderes públicos a garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general, y, en su caso, de la planificación.