Publicado en El País La Inspección de la Seguridad Social ha detectado una gran bolsa de fraude entre las empresas que prestan los servicios de rehabilitación y logopedia en la sanidad pública catalana. El organismo exige a las tres primeras empresas cuya inspección ya ha cerrado —hay media docena más aún abiertas— más de ocho millones de euros en cotizaciones no pagadas y la regularización de unos 300 fisioterapeutas, médicos rehabilitadores y logopedas. El foco de las irregularidades se centra en la práctica, muy extendida en el sector, de prestar la asistencia domiciliaria con trabajadores autónomos. La Inspección considera que estos profesionales ejercen su labor en unas condiciones que “en realidad son de trabajadores por cuenta ajena” y, por tanto, tenían que haber sido contratados laboralmente. Las actas califican los hechos de “infracción muy grave”. Las empresas, por su parte, discrepan de esta interpretación y han anunciado la presentación de alegaciones y recursos.
