Publicado en El Economista El Parlamento catalán aprobó ayer la Ley de universalización de la asistencia sanitaria, que restaura la atención sanitaria gratuita general que fue eliminada por un decreto del Gobierno central del PP en 2012. La nueva norma establece que todas las personas residentes en Cataluña tienen derecho a ser atendidas con cargo a los fondos públicos a través del Servei Català de la Salut. El texto prevé que las personas que no tienen la condición de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud del Estado puedan acceder a la sanidad pública si acreditan la residencia en Cataluña con el empadronamiento en un municipio. También expone que, en determinados casos, para hacer posible el acceso de colectivos en riesgo de exclusión social, se aceptarán otros criterios de arraigo que deberán concretarse en un reglamento que debe elaborarse en los próximos tres meses.