Inicio ASP El médico interino cesado tiene derecho a ser indemnizado

El médico interino cesado tiene derecho a ser indemnizado

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La justicia ha reconocido por primera vez el derecho a la indemnización de un trabajador interino, con 20 días por año trabajado, tras ser cesado equiparándole a un despido por razones objetivas. Lo ha comunicado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

La sentencia pionera proviene del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de la Coruña y reconoce el derecho de un trabajador (FLR), a percibir una indemnización por el periodo en el que estuvo cubriendo una sustitución. La sentencia –contra la que sólo cabe recurso ante el Tribunal Supremo– le reconoce una indemnización de 20 días por año trabajado, similar a la que corresponde a un despido por razones objetivas, técnicas, económicas, organizativas o de producción.

Esta sentencia abre la puerta a miles de reclamaciones trabajadores interinos que son cesados tras las distintas sustituciones en verano.

Hasta la fecha, los tribunales únicamente se habían pronunciado a favor del personal laboral de las administraciones (personal contratado conforme al Estatuto de los Trabajadores), si bien aún no se reconocía este derecho a los funcionarios interinos (funcionarios que por razones de necesidad o urgencia son nombrados para cubrir plazas vacantes, realizar sustituciones o afrontar exceso de tareas o programas, como ocurre en ámbitos como la Enseñanza, la Justicia o la Sanidad). Se calcula que en España hay unas 250.000 personas en esta situación.

El juez entiende que el funcionario interino tiene el mismo derecho que los empleados temporales en régimen laboral de la Administración Pública, como sucedió en la sentencia del auxiliar administrativo Diego Porras, que motivó la llamada de atención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

CSIF valora de manera positiva esta sentencia ganada por sus servicios jurídicos, que pone de manifiesto la necesidad de abordar de manera inmediata el proceso de estabilización del empleo público en el conjunto de las comunidades autónomas, dado que podría producirse un aluvión de reclamaciones y la saturación de los juzgados.