Montón impone su criterio frente a Ximo Puig contra la sanidad privada

ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española) ha denunciado, de nuevo, la complicada situación en la que se encuentra la Sanidad Privada y Concertada en la Comunidad Valenciana, donde es objeto de continuos ataques por parte del Gobierno autonómico, cuya consejera de Salud, Carmen Montón, parece haber iniciado desde su nombramiento una cruzada contra el sector privado.

Una postura que, a pesar de haber sido puesta en tela de juicio públicamente por el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, no es censurada en términos prácticos, puesto que Montón se mantiene en su cargo y sin perspectivas de cambios en su hoja de ruta.

A la “ley anticonciertos”, que deja fuera de la concertación a los hospitales y centros sanitarios con ánimo de lucro -contra la que ASPE se ha implicado especialmente- se suman otros problemas a los que el sector sanitario privado ha tenido que hacer frente en esta comunidad. El Gobierno valenciano parece más preocupado en acabar con el Modelo Alzira, de probada utilidad y que ofrece excelentes resultados, que en promover la sostenibilidad de un sistema que no puede prescindir de la privada para subsistir.

El Gobierno valenciano parece más preocupado en acabar con el Modelo Alzira que de promover la sostenibilidad de un sistema que no puede prescindir de la privada para subsistir

La pérdida de puestos de trabajo que previsiblemente se producirá y la más que posible merma de calidad que sufrirá la atención a los pacientes, parecen no preocupar al Gobierno valenciano, que ya ha tomado otras medidas polémicas en este sentido. En mayo del 2016, se vetaron las prácticas en hospitales públicos para los estudiantes de la privada. Por otro lado, el pasado mes de marzo se inició una campaña apelando a la “solidaridad” para que los médicos que compatibilizan su trabajo en la pública y la privada abandonasen esta última.

Todos estos asuntos centran la atención de Carmen Montón, que no tiene tiempo para resolver los verdaderos problemas que afectan a la sanidad valenciana como son: el impago de facturas que superan los 200 millones a las farmacias; la falta de un correcto funcionamiento de los aires acondicionados en determinados centros y hospitales; la obsolescencia de numerosos aparatos que retrasan pruebas diagnósticas; las plagas de insectos que inundan el edificio que albergaba antiguamente el Hospital La Fe de Valencia; o las interminables listas de espera para pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas que siguen aumentando en la sanidad pública valenciana y perjudican de forma directa al ciudadano mientras se presume de ampliar el presupuesto destinado a Sanidad.

En definitiva, desde ASPE queremos recriminar a la Consejería de Sanidad valenciana en concreto y al Gobierno autonómico en general, su inoperancia para hacer frente a los problemas reales de la sanidad en esta comunidad, mientras se dedican a desmantelar un sistema que ha contado con el sector privado y que, hasta el momento, ha arrojado buenos resultados. De hecho, según el informe de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana encargado por el actual gobierno, los pacientes atendidos en centros gestionados por concesión sanitaria son los más satisfechos de la Comunidad Valenciana; en estos centros se invierte más en tecnología y equipamiento médico; los pacientes esperan menos para ser operados o para consultas externas; y el modelo de concesión sanitaria ahorra un 25% a la Administración Pública.

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