El ex consejero de Salud de Cataluña, Toni Comín, finalmente se ha entregado a la policía belga, que le ha detenido. En presencia de sus abogados el juez le ha leído la orden de arresto y extradición a España dictada por la juez Lamela y le ha llevado, junto al resto de sus compañeros huidos, libre de esposas, a la sede de la fiscalía en Bruselas, que ha decidido ponerle en libertad con la obligación de permanecer en el país hasta que se resuelva la orden europea de detención, así como estar disponibles para cuando la justicia les llame.
De esta manera el ex consejero comienza la batalla judicial por intentar eludir la extradición y entrada en la cárcel como ha sucedido con el resto de consejeros que permanecieron en España sin huir.
Tanto Toni Comín, como Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret han tenido la oportunidad de aceptar su extradición, algo que han rechazado porque todos consideran, según ha manifestado el ex presidente Puigdemont, que en España no tienen garantías para un juicio justo. El abogado de Comín, Gonzalo Boye, ha asegurado que no existe opciones de volver a fugarse porque piensa que en Bélgica tienen posibilidades de recibir un trato mejor.
Comín está acusado de los delitos de rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación
Precisamente es el bajo riesgo de fuga a otros paíeses es lo que ha inclinado la balanza de la justicia belga para dejarles libres aunque disponibles y sin posibilidad de salir del pais.
El hecho de que Comín no haya aceptado su extradición pone en manos de la Cámara del Consejo de Bruselas la decisión sobre qué hacer, pero la decisión, que puede ser recurrida, supone un plazo de 15 días para determinar una resolución, que también puede ser recurrida con otro nuevo plazo de 15 días más.
Son los delitos de rebelión y sedición los que más problemas pueden generar y retrasar la decisión, mientras que la malversación, desobediencia y prevaricación son menos complicados para España.
La prohibición expresa de hacer declaraciones públicas es una de las medidas cautelares que se podría tomar en este caso, lo que podría suponer un enorme revés para los intentos de Puigdemont de volver a presentarse a las elecciones del 21D, también sería un enorme problema para sus habituales comparecencias públicas.
..Alfonso González
