El laboratorio Roche se ha planteado dejar de suministrar sus productos, mayoritariamente de oncología, a 11 hospitales españoles. Les ofrece la posibilidad de abonar los pagos pendientes –algunos de ellos alcanzan 700 días de retraso- o, por lo menos, que empiecen a reducirlo, si quieren que les sigan suministrando sus productos.
La situación que esta medida genera es grave y, dado que Roche vende el 80% de sus productos por vía hospitalaria pública, las consecuencias de esa, en principio, hipotética medida pondría en una situación bastante crítica para cierto número de hospitales.
Las desavenencias con la medida surgen réplicas de todos los lados, empezando por el propio laboratorio. Afirma que dicha medida solo afectaría, en principio, a 11 hospitales españoles, pero no suspendería el servicios a los demás. El propio laboratorio ha reconocido públicamente que Sanidad está afrontando con eficacia el tema de la deuda sanitaria, cifrada hoy, como todo el mundo conoce, en 12.000 millones de euros, de los cuales 6.400 corresponden a medicamentos y 5.600 a aparatos sanitarios, utillaje, apósitos, vendas, etc. Ante esta respuesta inicial Roche, Sanidad y los oncólogos han declarado que, de momento, está garantizado el suministro de fármacos contra el cáncer.
Con esta nada agradable situación ¿qué soluciones pueden tomarse para, por lo menos, intentar que se arregle? Con el fallido plan de pago a proveedores que en su día se estableció, la Ministra de Sanidad ha asegurado que su Departamento controlará el pago de las facturas de las medicinas hospitalarias a los proveedores, con objeto de que no llegue a producirse ningún desabastecimiento ¿Será suficiente? ¿Solucionaría definitivamente el problema la pronta puesta en marcha de la anunciada “central de compras” para evitar una posible falta de suministro a los hospitales públicos?
La experiencia de Roche plantea una nueva cuestión ¿cómo solucionar el problema de la falta de credibilidad a la que con tanta frecuencia nos tienen acostumbrados los políticos? Porque si hasta ahora solo se ha hablado del problema que está suponiendo o puede suponer la falta de fármacos, ¿se está calculando o pensando el deterioro que, dentro de muy poco, y por consecuencias similares, puede tener la calidad asistencial a los pacientes si no se produce la adecuada renovación del imprescindible equipamiento técnico que el médico necesita para realizar el correspondiente diagnóstico que le lleve a elaborar el oportuno tratamiento, cualquiera que sea el índice de gravedad que una dolencia tenga?
Los expertos y los políticos han llegado a la conclusión de que el problema de nuestro SNS no es el de su sostenibilidad, es el de la insolvencia. Circunstancia que lleva directo a la idea de la urgente necesidad que políticos, tecnócratas y gestores sanitarios -todos- tienen, de encontrar muy pronto, hoy mejor que mañana, soluciones que puedan encauzar de forma definitiva el problema de nuestra Sanidad.
Así lo señaló, no hace mucho tiempo, Santiago Cervera Soto, Secretario de la Mesa del Congreso de los Diputados. “Hay que abordar los retos de forma urgente, para no dejar la Sanidad a la deriva y hacer frente a sus problemas rápìdamente”. “Nunca habíamos estado en una situación tan compleja y grave, en la que no solo nos jugamos nuestro crédito reputacional, también nos lo estamos jugando en la Sanidad, por eso tenemos que demostrar que somos responsables y articular reformas”.
Después de esto la pregunta que subyace es lo que nos podemos permitir con lo que tenemos ahora mismo. Jesús Aguirre, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Senado, insiste en que hay que actuar centrándonos en los focos de ineficiencia opuntualizando que en un solo consejo se podría llegar a esos acuerdos que en el pasado se han intentado alcanzar durante ocho años. Pues que, por el bien de todos, así sea.
