Alfonso González
El recurso que ha aceptado el Tribunal Constitucional planteado por el Parlamento de Navarra respecto al Real Decreto 16/2012 no es una buena noticia para el Gobierno, como tampoco lo es para la sociedad y mucho menos para los médicos. Aunque estamos acostumbrados a ser protagonistas de las diferentes luchas en la sociedad entre partidos políticos, entre sindicatos y patronal… la realidad es que el plan de Rajoy ejecutado por Ana Mato no parece estar bien planteado, y eso es una rampa más en el camino de salida de la crisis.
Los recortes que pidió Mariano Rajoy a Ana Mato son la consecuencia de una terrorífica y penosa situación económica en la que nos hemos encontrado después de varios años de mala gestión, falta de planificación y despilfarro de las arcas del Estado. Ahora ha llegado el Gobierno del Partido Popular que está intentando salir adelante de un a forma global, Rajoy es el capitán de un barco en el que estamos todos. Esto quiere decir que si lo hace mal no sale perjudicado solo él, saldrá toda la sociedad.
El Parlamento de Navarra, con el apoyo de PSN, NaBai, Bildu e I-E, ha tomado una iniciativa que no tiene retorno, si el Tribunal Constitucional declarase en contra de los planes, que ya se están ejecutando, para ahorrar 7.000 millones de euros y que invaden las competencias de Navarra, el problema lo tiene el Gobierno, pero también cada persona.
La preocupación es que ya no existe margen de maniobra, cada error se paga caro y es necesario que el Gobierno Central, los parlamentos autonómicos, los colegios de médicos y hasta los directores de los hospitales tengan en cuenta todos los factores y todos los protagonistas. Lo más lógico sería que se preguntara a la sociedad, aunque sea a través de los agentes sociales, pero que no se desechara la opinión de los que más conocen porque son los que más sufren.
¿A cuántos médicos habrán preguntado para conocer donde hacer un esfuerzo económico y donde no se puede hacer ningún recorte? Mientras los políticos piensan que pueden resolver todo los pacientes no están para pruebas, y los médicos tampoco pueden seguir soportando más recortes porque ya han tenido una pérdida de poder adquisitivo de un 25% en los últimos cuatro años. Los políticos no pueden hacer más pruebas
