Lola Granada
La familia de cantaor Enrique Morente se está quedando sin argumentos a la hora de mantener su acusación contra el Dr. Moreno y su equipo. Le acusaban de mala “praxis” al no estar presente en la segunda operación. Enrique Morente falleció el 13 de diciembre de 2010 a los 67 años días después de una segunda intervención realizada la madrugada del 5 al 6 de diciembre en La Luz por complicaciones derivadas de la primera operación de cáncer de esófago, descritas en el consentimiento informado e inherentes al tipo de intervención realizada el 4 de diciembre
Tras la muerte, la familia, entre otros aspectos, cuestionaba que el Doctor Moreno estuviera en la segunda intervención a Morente, que comenzó entre las 03h00 y 03h30 y concluyó sobre las 05h30en la noche del 5 al 6 de diciembre. El juez solicitó aclaraciones al Hospital 12 de Octubre, para que confirmara si el doctor Moreno estuvo toda el día 6 en el hospital en la realización de un trasplante de hígado programado en el hospital. Este documento recogía que el Doctor Moreno se encontraba esa madrugada en este centro hospitalario realizando un trasplante de hígado, puesto que era el primer cirujano que aparecía en la lista del equipo médico de la intervención. No obstante, varios testigos, entre ellos un celador y una enfermera, que estuvieron junto a Moreno en la Clínica La Luz confirmaron su presencia esa madrugada en la operación a Morente.
Un informe del Hospital 12 de Octubre avala que el Doctor Enrique Moreno, jefe de Cirugía de este centro, estuvo en la Clínica La Luz hasta que terminó la segunda operación que se le practicó al cantaor Enrique Morente al confirmar la versión de los testigos, en contra de la opinión de la familia del artista que cuestiona su presencia en el quirófano.
Por otro lado, el magistrado ha desestimado en un auto fechado el pasado 4 de mayo las medidas cautelares solicitadas por el abogado de la familia para imponer a Moreno, entre ellas retirada del pasaporte e imposición de una fianza de un millón de euros. El juez señala que “no ha lugar a adoptar medida cautelar alguna para garantizar la presencia de los imputados ante la autoridad judicial al no existir riesgo de fuga”.
