Alfonso Gonzalez
Desde su inicial puesta en marcha la Ley de Dependencia no hace nada más que plantear problemas a todas las Administraciones porque los errores iniciales de cálculo que se hicieron para sus primeras previsiones, se vieron desbordados rápidamente por la realidad. Las cifras hablan por sí solas, de las 207.000 personas previstas en 2007 que podían acogerse a ella, se pasó en muy poco tiempo a 431.000. Después de cinco años de vigencia, la realidad es que existen más de 1.500.000, de las cuales solo pueden ser atendidas la mitad, 750.000, frente a las1.173.000 previstas cuando entró en vigor la Ley.
Para salir al paso de sus problemas y clarificar conceptos, José Manuel Moreno, Secretario de Estado de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad realizó a primeros de agosto unas interesantes declaraciones fijando con precisión las ideas del Ministerio sobre ella, dado que todas las Comunidades Autónomas quieren poder ofrecer los servicios que establece su contenido, a pesar de que, según dicen, ninguna puede pagarlo.
Con buen criterio la Ley pretende regular tanto el control de las ayudas, como del contenido de las actividades que llevan a cabo los cuidadores familiares y, en cierto modo, tratar de derivar el desarrollo de los mismos a los Centros y Servicios Sociales existentes en cada Comunidad.
El primer problema surge, como indica José Manuel Moreno, porque muchos de los cuidadores familiares que optan por la ayuda reglamentaria para atender a un paciente, lo hacen solo con la idea de complementar sus propios ingresos personales, dándose el caso frecuente de que muchos de ellos ni siquiera viven en la misma provincia de la persona afectada.
El problema comienza con una pregunta básica: “tal y como ahora está, ¿es sostenible el actual Sistema de Dependencia?” Resulta insostenible que siga como fue concebido en el año 2006, continúa diciendo el Secretario de Estado, resulta imposible. Se han gastado 2.700 millones de euros no previstos, al tener que atender al doble de personas que en principio se calcularon podían necesitar esta ayuda. Actualmente hay más de 300.000 personas dependientes en listas de espera y se tiene una deuda de más de 1.000 millones con la Seguridad Social. De ahí el que, en lugar de hacer elucubraciones difíciles de resolver, lo procedente es dedicarse a estudiar más seriamente esta compleja problemática para lograr llegar a soluciones que sean coherentes, pensando en el horizonte de dos fines inmediatos, preservar el sistema y garantizarlo para las generaciones futuras.
Debe cumplirse a rajatabla el primitivo espíritu de la Ley: que el cuidador familiar viva, sin excepción, en el marco del entorno personal del afectado. Un aspecto que, poco a poco, ha ido desvirtuándose y que hay que corregir. Deben de vivir o en la misma casa o estar lo más cerca posible uno del otro, es pura lógica. Hay que simplificar, además, la calificación de los diferentes grados de dependencia para evitar en lo posible esos 17 modelos que en principio se establecieron. No han hecho nada más que generar problemas, administrativos y técnicos. Se están estudiando las soluciones más coherentes con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y, posiblemente, para favorecer el Sistema, se pueda determinar la entrada de una cuota del interesado, que esté de acuerdo con sus ingresos reales. Cuota que deseamos sea lo más baja posible. En este sentido queremos dejar claro que la actual crisis, en ningún momento, puede poner en peligro el estado del bienestar de nuestros ciudadanos. Para ello debemos de llevar a sus conciencias que en la actual situación económica las Administraciones Públicas no pueden hacerse cargo de la totalidad de sus necesidades como personas, desde que nacen hasta que fallecen. Es necesario que estos traten de explorar nuevas vías de protección social, bien a través de los clásicos seguros privados, de ciertas empresas, o bien a través de Organizaciones no Gubernamentales.
Otras de las soluciones que se barajan es la de retrasar hasta el año 2015 la incorporación de nuevos dependientes al “sistema”, aunque tres años para estas personas es una eternidad y lo que debe primar es el realismo. No es de recibo que se abra la puerta de entrada a personas justamente necesitadas, cuando “teóricamente” a los que reglamentariamente ya están dentro, no se les puede atender debidamente.
El ejemplo de Cataluña, que no ha podido abonar adecuadamente el importe de sus gastos a las empresas que están dedicadas a prestar estos servicios, debe servir de experiencia y deben darse soluciones coherentes para evitar que el peso de toda esta carga recaiga solamente sobre un Estado que está totalmente exprimido.
