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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó esta semana la creación de una sala de bioseguridad para para realizar autopsias a víctimas del Covid-19 en el Instituto de Medicina Legal (IML). Se trata de dotar de las instalaciones y el equipamiento necesario para establecer una sala de bioseguridad BLS-3 para autopsias.
Con esta decisión se completa la puesta en funcionamiento del IML, que el Ejecutivo madrileño gestiona en el barrio de Valdebebas. A partir de otoño este centro permitirá combatir el Covid-19 a través de la realización de autopsias a fallecidos contagiados por el SARS-CoV-2.
Este centro permitirá combatir el Covid-19 a través de la realización de autopsias a fallecidos contagiados por el SARS-CoV-2
Según indican desde la Comunidad de Madrid, los espacios deben garantizar la seguridad de médicos forenses, técnicos auxiliares de autopsia, técnicos de laboratorio y fotógrafos que intervienen en autopsias a cuerpos cuya causa de fallecimiento esté vinculada al coronavirus o enfermedades similares. Para ello, son necesarios espacios de bioseguridad.
Por ello, esta nueva sala debe ser independiente completamente del resto de instalaciones del IML. El fin es evitar la contaminación de estancias contiguas de esta infraestructura. El importe de la inversión para el equipamiento de esta sala asciende a 609.000 euros y el plazo de ejecución de la obra es de tres meses.
Suministro de material de protección
Por otro lado, la cercanía del IML con el nuevo Hospital de Emergencias que la Comunidad de Madrid está construyendo en una parcela anexa, permitirá desarrollar sinergias que mejoren la capacidad de estudio en la lucha contra el Covid-19. Durante la reunión del Consejo de Gobierno también se aprobó un contrato por importe de 239.000 euros para el suministro de material de protección en las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid.
También se aprobó un contrato para el suministro de material de protección en las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid
El objetivo de estas compras es que la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas garantice el acceso de medios de protección al personal al servicio de la Administración de Justicia. Además, en caso de necesidad, también se protegerá a los operadores jurídicos y ciudadanos que acuden a las sedes judiciales. Todo ello con el objetivo de prevenir y evitar posibles contagios del virus y garantizar la normalización de la actividad judicial.
En concreto, con la aprobación de este contrato se garantiza la compra de 7.500 mascarillas KN95; 120.000 unidades de mascarillas quirúrgicas y 1.000 garrafas de cinco litros de gel hidro-alcohólico. Además, el contrato permite la compra de 1.000 cajas de guantes de 100 unidades cada una, 800 cajas de 1.000 bolsas protectoras de micrófonos que se emplean en las salas de vistas, 65.000 mascarillas reutilizables de 25 usos y 400 dispensadores de gel.
