Isabel González
La subida del 10% de IVA a los productos sanitarios que ha impuesto el Tribunal europeo desde Luxemburgo a España , sumado al 21% que ya tenía actualmente, incrementará la factura en 1.000 millones de euros.
Desde que en octubre del 2012 el Abogado General del Tribunal de la UE explicara en sus alegaciones el conflicto que existía entre el país en la Comisión Europea , que en su opinión argumentaba como, «España estaba aplicando erróneamente un IVA reducido” a los productos sanitarios y equipos médicos, la sentencia le ha dado la razón.
El Tribunal de Luxemburgo obliga a aplicar el tipo de IVA normal que ya se aplica en los demás países que no vayan destinados a personas con discapacidad (excepción que contempla la Directiva Europea 2006/112/CE), no puede aplicarse el tipo reducido sobre «los aparatos y complementos esencial o principalmente utilizados para suplir las deficiencias del hombre, pero que no se destinan al uso personal y exclusivo de los discapacitados» según el Tribunal, y los medicamentos que tienen un tipo impositivo supe reducido del 4%.
Desde Hacienda comentan que todavía es pronto para saber cuándo se pondrá en vigor y los productos concretos a los que afectará. Esta medida afectará a la administración sanitaria que aumentará su factura en 1.000 millones según ha mostrado la patronal Fenín.
En resumen, la factura de productos sanitarios es de 7.700 millones y con el 10% serán 770 millones más que junto con el 21% ya impuesto ascenderá a 1.617 millones de euros, un incremento de 874 millones de euros. Las autonomías podrán recuperar parte por la recaudación por IVA pero solo un 50% que al final no tiene por qué destinarse a sanidad.
Este sobrecoste según palabras del Fenin, «agravará la situación financiera y de endeudamiento de las autonomías con el sector, que alcanza los 3.000 millones». E insta al Gobierno a articular «medidas que garanticen una aplicación paulatina y ordenada de esta sentencia» y cobrar el pago del IVA solo tras el cobro de la factura.
También este sobrecoste provocará cierres de centros sanitarios privados, «muchos centros entran automáticamente en pérdidas y se vean abocados al cierre o a la reestructuración», según explica el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). También advierten que «dificultará la renovación de equipos, la contratación de personal y las inversiones en innovación e I+D» y añaden «consiguiente disminución de provisión sanitaria para la población»,lo que podría «comprometer la viabilidad de la red hospitalaria privada con el desequilibrio que esto supondría para el sistema sanitario público y para el sistema en su conjunto».
Entre estos materiales estarían las agujas, guantes, batas y máscaras, equipos de rayos x o escáneres y material químico que produce el propio medicamento.
Desde el Ejecutivo argumentan que, «las categorías de bienes y servicios comprendidas en la directiva sobre el IVA no están definidas con la suficiente claridad como para que pueda interponerse un recurso por incumplimiento».
