Las declaraciones del Ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre el control previo de los presupuestos de las CCAA y la promulgación de la futura Ley de supervivencia están despertando toda serie de reacciones y disgustos en ellas, especialmente en las de otro color político como Cataluña y País Vasco.
Para Artur, Mas esta Ley supone una intromisión inaceptable e intolerable. Patxi López ha señalado en un comunicado que asume las limitaciones del gasto presupuestario y la fijación de un techo en déficit y deuda, pero que no va a aceptar una regulación que supone una “tutela” sobre sus cuentas, dado que vulnera el principio de autonomía. Javier González Ortiz, Presidente de Canarias (CC) ha señalado su deseo de que con esta medida no se esté intentando volver a posiciones centralistas. Griñán, por parte de Andalucía se ha mostrado cauto en su opinión, hasta que no se conozca con detalle el desarrollo completo de su normativa no podrá posicionarse en ningún sentido. En cambio, su consejera de Economía, Carmen Martínez, asegura que defenderá su autonomía estatutaria. En todas ellas los capítulos de Sanidad y Educación, de una u otra forma, serán las partidas que se verán más directamente afectadas por los temidos recortes presupuestarios Una postura de queja inexcusable, protagonizada fundamentalmente por los nacionalistas, que han olvidado que el Estado cuenta con armas suficientemente legales para realizar adecuadamente el control previo de las cuentas autonómicas, según dispone el renovado artículo 135 de la Constitución, modificado el pasado verano de común acuerdo entre PP y PSOE.
Mientras que la comunidad valenciana trata de salir adelante a base de recurrir con fuerza al establecimiento de nuevos impuestos que le lleven a reducir su gran déficit –es la Comunidad más endeudada-, el gobierno balear, según establece Ley Sexual de 2010, es el primero en descolgarse de la normativa vigente sobre el aborto, discutiéndole a las mujeres la gratuidad inmediata que esta establece, en la que se especifica claramente que si está en posesión de la tarjeta sanitaria pública y quiere interrumpir su embarazo en dicha Comunidad, puede acudir a una clínica privada acreditada – actualmente existen tres- abonar su importe y presentar la factura a la Administración para su cobro directo. Un procedimiento que, como era de esperar, ha levantado las más airadas protestas entre ellas. Se muestran abiertamente en contra de la medida adoptada por la Consejera de Salud.
Otro aspecto a considerar es la valoración de la cuantía del importe de esta prestación , que, según el presidente de las clínicas acredidatas (Acai), Santiago Barambio, en el caso de un aborto realizado dentro de las 14 primeras semanas de gestación puede costar en torno a los 500 € y si se trata de una intervención de mayor tiempo, practicada por razones de riesgo para la madre o por correr peligro la vida del feto, entonces su importe podría elevarse al de un parto normal, 1.500 €.
El Instituto de Política Familiar –de tendencia claramente antiabortista- no tardó en considerar como un éxito la ruptura del convenio de atención de estos casos en la red de hospitales públicos. Dado que, a partir de ahora, desde ellos no se podrán encauzar estas intervenciones del IVE a los privados. Las mujeres que lo deseen deberán ser las que personalmente garanticen a dicho centro el abono de su importe íntegro y someterse para ser resarcidas, a los plazos de pago que la Administración tenga establecidos, cortos o largos, según se encuentre en ese momento su tesorería.
Al hilo de estos hechos hay que sopesar igualmente otras consideraciones, como la posición dominante que existe entre los ginecólogos de la medicina pública que se han acogido a la objeción de conciencia, a pesar de que aún no se ha puesto en marcha el oportuno y preceptivo registro, así como el hecho incuestionable de que en Baleares , solo en los últimos once meses, se han cuantificado nada menos que 2.350 abortos y que las mujeres a las que se le han realizado se encuentran en un tramo de edad que oscila entre los 21 y los 29 años. De ellas el 70,4% son de nacionalidad española y casi el 10% proceden del resto de países europeos. Cifras que, dentro del ranking general de comunidades, sitúan a Baleares, en una media del 13,82 % de abortos. Un ranking encabezado por Cataluña con el 15,20%, seguidas de Madrid (14,77%) y Murcia (14,72%).
No deja de ser paradójico que esta delicada cuestión, se esté abordando en todos los lugares, sin más, bajo una óptica puramente económica y no se tengan en cuentan aspectos tan importantes como los estrictamente morales o el inexcusable derecho a la vida que desde el mismo momento de su concepción tiene el nasciturus.
