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Ante La Ley Orgánica de la Eutanasia, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), ha emitido un comunicado que en el que la rechazan. En un comunicado la consideran “una imposición a los médicos de ‘un acto que no es un acto médico”, que es contrario a la autorregulación profesional, a la deontología médica desde que existe la profesión y a los Derechos Humanos”. Es “una Ley redactada y aprobada no sólo de espaldas sino en contra de la opinión de la Profesión Médica y de sus únicos representantes”. Esto aseguran desde el CACM.
En las Jornadas sobre la Eutanasia organizadas por el CACM en diciembre de 2020 ya se puso de manifiesto la preocupación de la Profesión Médica. Ya aseguraron que rechazan la Proposición de Ley Orgánica de Eutanasia y Suicidio Asistido. La consideran “injusta al atentar contra los principios que la rigen, innecesaria al no existir una demanda social real, inoportuna en el contexto actual de pandemia y de dudosa legitimidad democrática, fomentando una sociedad insolidaria con los más dependientes y necesitados”.
Los médicos andaluces rechazan la eutanasia porque está en contra de la opinión de la profesión médica
Para el CACM existe un consenso unánime sobre la urgente necesidad de una Ley de Cuidados Paliativos que garantice su acceso universal. Para ellos la deficiencia de estos cuidados paliativos en España es escandalosa. “Sin cuidados paliativos universales y de excelencia, y sin acceso real a la Ley de Dependencia, el paciente nunca tendrá libertad de elección”, insisten.
“Queremos dejar patente que existe un derecho a que en un momento tan crucial de la vida de una persona, esta y su familia tengan una atención completa, personalizada, desde el punto de vista físico, psicológico, espiritual y social y que no existe un derecho a morir, constituyendo esta Ley un riesgo de discriminación para personas con incapacidades o especialmente vulnerables”, insisten.
Registro de objetores
Además, junto a la Ley de Eutanasia rechazan el registro de objetores que prevé la ley. “No es ninguna salvaguarda para los médicos, sino todo lo contrario“, insisten. Lo consideran “un sistema que vulnera el derecho fundamental a la libertad ideológica y a la propia identidad ética“. Este registro, aseguran, obliga a los médicos a declarar públicamente sobre ello. Determinan que esto supone “violentar así su propia dignidad y su vocación con la vida y la salud de las personas“.
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