Isabel González
En un comunicado emitido por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, afirma que la ampliación de la externalización de los 6 hospitales y 26 centros de salud de la Comunidad de Madrid según su punto de vista, no supone una inconstitucionalidad ante la ley. Los artículos 62 y 63 de la ley la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas aprobada en la Asamblea de Madrid, darían cabida a esta reordenación de la asistencia sanitaria.
Este comunicado da respuesta al informe presentado a la institución y elaborado por los servicios jurídicos del propio AFEM, Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, que considera inconstitucional esta ley y supone como lo que podría llamarse un “apartheid” sanitario en el que los pacientes son discriminados según la zona de donde vengan, creando seguramente muchas injusticias, no pudiendo elegir el paciente centro y creando una sistema insostenible para la calidad asistencial de otras zonas al dificultar su acceso. También rompe la unidad del régimen económico del aseguramiento de la prestación sanitaria, considerando que estos centros »privados» establecen penalizaciones en caso de derivación de pacientes de su zona.
Sin embargo, desde la oficina de la Defensora del Pueblo se tendrá un gran control para que su implementación se haga sin ninguna desigualdad y la calidad asistencial se mantenga en toda la Comunidad, «estará muy atenta a su implantación para evitar situaciones de desigualdad», comentan. Aunque si esto no ocurre, la oficina del Defensor del Pueblo intervendrá en ello, estando abierto a las quejas del ciudadano y siendo apoyo en todo momento.
Por ahora esta oficina no quiere apresurarse a hacer declaraciones valorando esta medida porque desconoce gran parte de los elementos básicos del nuevo modelo así como contratación y normas de control de supervisión que se darán desde el Gobierno, aunque da algunas recomendaciones.
- La primera es intentar la pluralidad de la adjudicación de concesiones a las entidades privadas para asegurar que no predominará ninguna entre ellas.
- Que el gasto por enfermo sea equivalente en la función asistencial entre el Servicio Madrileño de Salud y la organización privada.
- Insiste en reforzar los derechos de los usuarios como en la libre elección del paciente respecto al centro o la posibilidad de una segunda opinión. También que se permita al profesional dejar constancia sobre la conveniencia de derivar a un paciente a un servicio concreto.
Desde el PSOE y UPyD su decisión ha sido tomar partido en contra y recurrir ante el Tribunal Constitucional esa inconstitucionalidad que creen contra la Ley de Acompañamiento de presupuestos regionales que se pretende desde el Gobierno. UPYD y su portavoz, Rosa Diez, presentaran un recurso de amparo para su nulidad.
