Alfonso González
Tomás Gómez, el singular secretario general de los socialistas madrileños parece que disfruta caminando por la vida, social y política, vestido con el ropaje de la reivindicación porque se ha sumado a todas las jornadas de huelga que se han convocado en la sanidad madrileña durante los últimos meses, y al resto de numerosas manifestaciones que han elegido a la capital madrileña como escaparate. Ahora ha variado la forma de sus ataques y ha decidido utilizar otras formas más llamativas para oponerse a los planes de privatización de los servicios sanitarios diseñados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Una nueva estrategia que ha incluido el envío de un burofax intimidatorio a las empresas privadas que han optado por presentarse al concurso convocado por dicha Consejería para gestionar los centros de salud y hospitales propuestos para su externalización. El texto está lleno de amenazas que, sobre todo, está sirviendo para crear fuertes dudas e inseguridad jurídica en los licitantes según ha manifestado Isidro Díaz Bustamante, Presidente de la Confederación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados así como una criminalización de las empresas pertenecientes a la sanidad privada, además de a las posibles inversoras, tendente a alejarlas de la idea de la participación en el citado concurso, entre ellas la portorriqueña Hima San Pablo, que presentó diversas ofertas para la gestión de varios Hospitales. Su texto es suficientemente expresivo por su amenazante tono. En el supuesto caso de que en las próximas elecciones autonómicas pueda ser elegido presidente autonómico, “lo primera que haría sería revertir los concursos públicos y anular los contratos de forma que las empresas que hubieran obtenido.
El Presidente de la Confederación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, Isidro Díaz Bustamante, al presentar, hace solo unos días, la correspondiente denuncia contra él ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, considera que el documento remitido por Tomás Gómez a varias de las empresas que han licitado al Concurso de adjudicación en el que les emplazaba a no presentarse, atenta contra el libre comercio y supone un claro delito de coacciones a las mismas. Generador de todo tipo de inseguridades, especialmente jurídicas.
La patronal, por estas y otras razones similares está valorando en estas fechas llevar sus declaraciones intimidatorias a los Tribunales de Justicia, dado que, además, considera que el representante socialista ha olvidado completamente que el objeto fundamental de la externalización que se está barajando es poder ofrecer al ciudadano la seguridad de que, por esta vía, el ciudadano pueda tener una asistencia sanitaria de calidad, pública y gratuita.
Rechazo a algunos recursos
Por otro lado el Tribunal ha rechazado en estos días los recursos presentados por Izquierda Unida y la llamada Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad contra los pliegos de licitación del concurso de gestión de seis hospitales. Eran unos recursos cuyo objetivo principal era conseguir la suspensión del mismo, con objeto de que no se pudiera realizarse el mismo, que llevaría a la adjudicación definitiva a una determinada empresa.
