Gema Maldonado
Los médicos que ejercen en los centros penitenciarios y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias vuelven a chocar. En esta ocasión por las guardias localizadas, aquellas en las que el médico no se encuentra en la prisión, pero debe estar disponible para que puedan localizarlo ante una urgencia para que acuda al centro de manera presencial.
El Tribunal Supremo anuló el artículo de la instrucción de Instituciones Penitenciarias que exigía “presencia inmediata” en las guardias localizadas de los médicos y enfermeras
Una instrucción de Instituciones Penitenciarias de 2019 que regulaba los horarios y jornadas de trabajo en estos centros y exigía “permanente disponibilidad con exigencia de presencia inmediata en el centro penitenciario en caso de requerimiento” en estas guardias localizadas. La instrucción fue recurrida por el ya extinto Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria. El pasado 20 de julio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo les dio la razón.
“Se recurrió tanto por las guardias de presencia física, en las que el tiempo de descanso no se adecuaba a lo que indican las leyes, como por las guardias localizadas”, explica a iSanidad el Dr. Pedro A. Martínez, responsable de la sección de Prisiones de CESM. Ahora, el Ministerio del Interior “debe abonar la diferencia de esas guardias localizadas como guardias presenciales”, señala el médico. El importe de cada hora de guardia presencial “es más del doble” que la de guardia localizada, cuyo importe es el mismo que el de una hora de trabajo en jornada normal.
Instituciones Penitenciarias ahora exige la presentación del médico de guardia localizada “en un tiempo razonable”. Para el Dr. Martínez es “una fórmula ambigua para evitar pagar a los sanitarios como hora efectiva de trabajo”
Ahora, Instituciones Penitenciarias ha emitido una nueva instrucción sobre jornadas y horarios para adaptarse a la sentencia. Pero “cambia únicamente la redacción y no el espíritu de la misma”, lamenta el médico de CESM, “ahora dice que estamos en situación de disponibilidad con exigencia de presentación en el centro penitenciario en un tiempo razonable. Es una fórmula ambigua para evitar pagar a los sanitarios como una hora efectiva de trabajo”, argumenta el Dr. Martínez.
El sindicato cree que Instituciones Penitenciarias está dejando de hacer algo que “es su responsabilidad”. “Es la Dirección General la que tiene que regular los tiempos de llegada a la urgencia en función de unos parámetros. No puede dejarlo en manos de circunstancias como la situación climática o la lejanía del centro penitenciario con la capital”, afirma el médico.
“Instituciones Penitenciarias no quiere pagar lo que cuesta una guardia presencial ni regular los horarios para evitar futuras responsabilidades”
Para el sindicato, la nueva redacción de la instrucción responde a un objetivo: “Instituciones Penitenciarias no quiere pagar lo que cuesta una guardia presencial ni regular los horarios para evitar futuras responsabilidades”. CESM se plantea llevar a los tribunales la nueva instrucción.
No es el primer enfrentamiento los médicos de instituciones penitenciarias tienen con la Administración. La falta de médicos que cubran las plazas que requiere la atención sanitaria en las prisiones españolas es otro problema.
El sindicato CESM se plante llevar a los tribunales la nueva instrucción de Instituciones Penitenciarias
El Ministerio ha publicado en los últimos años algunas OPE en las que no exige la especialidad de medicina de familia y comunitaria para optar a estos puestos. El sindicato se ha opuesto frontalmente a que se contraten médicos sin especialidad y ha recurrido estas ofertas de empleo. También ha denunciado que la Administración ha recurrido a la sanidad privada en algunos casos para cubrir las necesidades médicas de la población interna cuando no había médico.
Los facultativos de prisiones creen que el déficit de médicos en estos centros podría paliarse con mejores condiciones laborales. Y para eso reclaman que la sanidad penitenciaria pase a ser competencia de cada comunidad autónoma y puedan integrarse en cada servicio sanitario. Un traspaso que lleva un retraso de prácticamente dos décadas.
