Anuario iSanidad 2022
Lourdes Rivera, directora general de Amavir y vicepresidenta de la patronal Aeste
A la hora de resumir lo que ha supuesto 2022 para el sector de atención a personas mayores y dependientes, podríamos decir con satisfacción que ha traído buenas noticias, vinculadas a la progresiva desescalada de la pandemia, pero también numerosos retos derivados de problemas e incertidumbres heredados del pasado, que se han visto agravados, sumando además nuevas dificultades, como la complicada coyuntura económica que atravesamos y la definición de un nuevo modelo de residencias aprobado sin consenso.
Empezando por lo positivo, hemos vivido la vuelta progresiva a la ansiada “normalidad”, después de dos años de pandemia. Aunque el coronavirus no ha desaparecido, la vacunación ha permitido que la enfermedad sea mucho más leve para las personas mayores. Esto ha servido para ir levantando progresivamente las medidas restrictivas en las residencias, permitiendo que los centros vuelvan a recobrar sus rutinas, las visitas de familias, las celebraciones, etc. En definitiva, poco a poco hemos podido recuperar nuestra concepción de hogares y lugares de convivencia para las personas mayores y sus familias.
Pero este año 2022 ha seguido planteando también retos de gran envergadura para el sector, algunos de los cuales venimos sufriendo desde hace tiempo, sin que hasta el momento hayamos tenido soluciones por parte de las administraciones públicas. Quizá uno de los más acuciantes sea la falta de personal, que afecta especialmente a los perfiles sanitarios, como medicina o enfermería, imprescindibles para nuestra labor. Esta escasez está afectando ya también a los hospitales y centros de salud y se requiere una respuesta de Estado para solucionar este problema, que hasta el momento no ha llegado.
Urge también que las administraciones adquieran un compromiso firme con la financiación del sistema de atención a la dependencia. Persisten grandes diferencias entre las comunidades autónomas, lo que lleva al final a una fragmentación del sistema y a una desigualdad entre los ciudadanos en función de la región en la que viven.
2022 nos ha traído también el intento por parte del Gobierno central de consensuar un nuevo modelo de residencias de mayores. Con el objetivo loable de mejorar la atención que se presta en estos centros y avanzar en su necesaria profesionalización, se han cometido sin embargo algunos errores que ponen en evidencia que este nuevo modelo no va a conseguir su objetivo y que, por el contrario, puede conllevar un aumento de las dificultades. No se ha tenido en cuenta la opinión del sector y no ha habido tampoco un acuerdo unánime entre las comunidades autónomas, responsables de aplicar en la práctica este modelo, con lo que corremos el riesgo de seguir ahondando en la fragmentación y desigualdad del sistema en función del territorio.
Persisten grandes diferencias entre las comunidades autónomas, lo que lleva a una fragmentación del sistema y a una desigualdad entre los ciudadanos en función de la región en la que viven
Además, y lo que es más grave, no ha habido un compromiso de financiación, puesto que la regulación se ha aprobado sin una memoria económica. Por último, el nuevo modelo introduce inseguridad jurídica al sector, tanto en lo concerniente a las nuevas residencias que se quieran construir como a las ya existentes. Ello viene derivado de los restrictivos criterios que se han impuesto en cuanto al número de plazas y el tamaño de las unidades de convivencia, que limitarán la viabilidad de nuevos proyectos, lo que conllevará un previsible frenazo en la construcción de nuevas residencias, tan necesarias en un país como España en el que las cifras de envejecimiento son cada vez más altas y la necesidad de camas cada vez más acuciante. Y a ello se une que tampoco está claro cómo afectarán estas medidas a las residencias ya operativas, corriendo el riesgo de que muchas de ellas estén abocadas al cierre si tienen que cumplir las nuevas medidas adoptadas, perdiendo así camas existentes en la actualidad.
La guerra de Ucrania y la situación económica que está provocando han afectado también duramente al sector durante este año. El aumento de la inflación ha conllevado un severo encarecimiento de las materias primas y de los suministros, así como una elevación sustancial de los presupuestos destinados a recursos humanos, algo que está comprometiendo la viabilidad de muchas residencias. Y las perspectivas para el próximo año nos hablan de que esta situación se va a prolongar en el tiempo, aumentando así la incertidumbre sobre el sector.
El nuevo modelo introduce inseguridad jurídica al sector, tanto en lo concerniente a las nuevas residencias que se quieran construir como a las ya existentes
2023 va a ser un año electoral, con las municipales y autonómicas y, a finales de año, las generales. Debería ser un contexto adecuado para que los partidos reflexionaran de manera sosegada sobre los retos del sector y cómo garantizar su futuro. Sin embargo, estamos acostumbrados a que en periodos electorales nuestra actividad se convierte en campo de batalla política. De ser así, como es más que previsible, seguiremos sin tener ese consenso tan necesario para encontrar las soluciones que precisa el sector.
