Redacción
Falta de integración en cuanto a personalización y prevención, pérdida de trazabilidad, duplicidad de citas y de pruebas, falta de coberturas y protocolos y la dificultad de acceso a tratamientos innovadores son algunos de los 8 puntos de ruptura que se observan en el viaje del paciente con cáncer de mama a través del sistema sanitario, tal y como muestra el informe “Continuidad asistencial y paciente único”, llevado a cabo por Accenture para la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad) y en el que se analiza el caso de una paciente con cáncer de mama.
“Tal y como se observa en el documento los expertos identifican la necesidad de activar programas específicos de diagnóstico precoz para pacientes que tienen características de riesgo. Sin embargo, hay falta de automatismo y una necesidad de potenciar la formación en este proceso. Por ese motivo, la puesta en marcha de estrategias integrales de prevención y promoción de la salud y la creación de protocolos homogéneos para identificar variables de riesgo en casos de cáncer de mama precoces, junto con la activación de programas específicos de diagnóstico acorde a estos hallazgos, podrían suponer hasta un 20% de diagnósticos más tempranos”, explica Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS.
Las estrategias integrales de prevención y promoción de la salud un podrían suponer aumento de su supervivencia y un acceso más temprano a un tratamiento óptimo
Cuando un paciente desea transitar entre ambos sistemas de provisión, es altamente probable que tengan que llevarse a cabo pruebas adicionales, al no existir interoperabilidad entre los sistemas de salud. De esta necesidad, el informe propone crear comités mixtos por áreas sanitarias con fines terapéuticos y de investigación, integrados por profesionales de ambos ámbitos de provisión, para completar la visión holística del paciente.
Esto agilizará este proceso disminuyendo el tiempo de espera del paciente (con hasta 90 días menos) para recibir el tratamiento adecuado y, por ende, una mejora de la supervivencia y calidad de vida del paciente. Además, si existiesen estos comités, los pacientes evitarían la duplicidad de pruebas diagnósticas y de consultas con atención primaria y especializada, así como los consiguientes desplazamientos.
Generar estructuras integradas y grupos multidisciplinares de apoyo durante todo el proceso asistencial, es otra de las propuestas que recoge el informe, e implicaría una constante información a pacientes y familiares, lo cual permitiría gestionar mejor la enfermedad, saber cuál es el siguiente paso en todo el proceso asistencial y a quién dirigirse en caso de tener alguna duda o problema. Además, el hecho de contar con grupos multidisciplinares transversales podría ayudar a crear consensos en el esquema de seguimiento que necesita cada paciente. De esta forma, se estimularía un flujo de comunicación activa entre profesionales sanitarios de varios niveles asistenciales, del cual se beneficiaría cada paciente, ya que estos profesionales (atención primaria, especialistas del sistema público y privado) podrían comunicarse directamente con el Comité en caso de dudas, opiniones, problemas o necesidades específicas del paciente.
El sistema podría ahorrar 5,9 millones de euros al año en costes por diagnósticos más tempranos y eliminación de derivaciones incorrectas
Impacto en el profesional sanitario y el sistema
Estas propuestas también tendrían beneficios para el profesional sanitario, quienes no solo recibirían más información y formación, sino que además tendrían una visión integral de todo el tránsito del paciente por el sistema y una visión compartida con otros profesionales. Además, se podrían poner en marcha protocolos para facilitar los procesos y comunicación entre niveles asistenciales y sanidad pública y privada. Por otra parte, se estima que el sistema podría ahorrar 5,9 millones de euros al año en costes por diagnósticos más tempranos y eliminación de derivaciones incorrectas, reducir listas de espera, así como ahorrar más de 27 millones de euros en costes al sistema público por consultas evitables, pruebas repetidas y absorción de nuevas pacientes, entre otros aspectos.
“Este documento demuestra que la continuidad asistencial debería ser una obligación y, para que se produzca, se hace fundamental una voluntad política que facilite el tránsito del paciente por cualquier entorno sanitario al que tenga derecho, contar con herramientas interoperables que permitan llegar a ella e impulsar la cooperación entre ámbitos de provisión y aseguramiento para promover un modelo sanitario y social más sostenible, sinérgico y eficiente”, finaliza la directora general de la Fundación IDIS.
