Juan León García
Los cambios realizados en 2020 a causa de la pandemia de COVID19 podrían quedar patentes este mismo verano con la exacerbación del riesgo para encontrar especialistas. La imposibilidad de cubrir plazas de distintas especialidades por la modificación forzada de la Formación Sanitaria Especializada aquel año hizo que se retrasase en varios meses tanto la asignación como la toma de posesión y la finalización de dicho periodo formativo.
Así lo advierte un informe publicado este martes por la sección nacional de médicos jóvenes y promoción de empleo de la Organización Médica Colegial (OMC). Este ha incidido en los desafíos y las complicaciones derivadas de la crisis sanitaria que comenzó en marzo de hace cuatro años. Precisamente, momento en el que buena parte de los médicos residentes de buena parte de las especialidades culminan su formación. Como la de otra parte de los profesionales en ciernes comprende cinco años, es de prever que si no se hace nada en esta ocasión vuelva a surgir la misma denuncia de cara al verano de 2025.
Los residentes, antes de la pandemia, finalizaban su periodo a finales del mes de mayo, “justo al inicio del periodo estival”, escriben en el informe. Al decretarse la alarma por la incidencia del coronavirus y los confinamientos, el Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Ordenación Profesional, promulgó una resolución de 7 de julio que desplazó la asignación de plazas hasta ese mismo mes. La toma de posesión se demoró hasta septiembre y, por tanto, la finalización de la formación no se produciría hasta ese mismo mes de 2024 y 2025.
Esto, advierte Domingo Antonio Sánchez, representante nacional de médicos jóvenes de la OMC, “va a suponer que este año para la situación estival no se disponga de todos los profesionales sanitarios que se necesita, porque los programas formativos que duran 4 o 5 años no van a concluir”.
Estación crítica
El riesgo de que este verano falten especialistas se relaciona con que suele ser periodo habitual de vacaciones para muchos profesionales. En el caso de la sanidad pública, con la garantía de que los compañeros recién egresados de la FSE los sustituyan. De no ocurrir en estos años, el sistema se tensionaría sobremanera por la carencia de especialistas “en una situación donde la población tiene una cierta demanda en ese periodo estival”, continúa Sánchez.
Señala que también quedará patente la “incapacidad” de no utilizar a los médicos jóvenes para suplir esas vacaciones “que debe tener el personal por parte de los servicios de salud” y afectará tanto a la calidad como a la seguridad de la atención sanitaria que se preste.
En el propio informe se apunta a que tanto médicos residentes como tutores “ya han dado la voz de alarma” respecto a lo que viene en los próximos meses. Y apuntan a que se pueden dar dos escenarios: uno, que se acabe modificando el itinerario formativo de los profesionales en formación para cubrir dichos puestos “de personal estructural”. El segundo es que se adelantase el final de la residencia de estos sanitarios de último año para que estén disponibles a nivel laboral y cubran esas necesidades.
Pero a su vez, forzar la situación podría suponer un riesgo también durante este verano para los potenciales especialistas. Así, se podría ver potenciar aún más el síndrome del burnout laboral; la insatisfacción de los profesionales y, como consecuencia, su permanencia en el sistema sanitario público. Algo que repercutiría también en los pacientes.
“Si se prima la parte laboral a la formativa, va a provocar que se excedan esas jornadas maratonianas; hemos puesto de manifiesto en otros estudios que se utilizan en muchas ocasiones a residentes para suplencias de personal formativo, y que se supere la directiva europea sobre horas máximas semanales de trabajo, fijadas en 48 horas”, completa Sánchez.
Ambas medidas, en cualquier caso, contravendrían los Reales Decretos 1146/2006 y 183/2008, advierten en el documento. Ambas recogen el derecho de los médicos residentes a que se cumpla su programa formativo, pero es que además tampoco se contempla que se pueda finalizar un contrato de residencia por las necesidades asistenciales de un servicio concreto.
Por último, esta situación podría dar lugar también a que haya regiones en las que la asistencia sanitaria podría ser “muy difícil”, precisa Sánchez. Sería motivado por la toma de decisiones aisladas “e incluso independientes” entre las autonomías, lo que agravaría aún más el problema.
