Rafael Belmonte Gómez, diputado a Cortes Generales por Sevilla del Grupo Parlamentario Popular y secretario Segundo de la Comisión de Sanidad del Congreso
Considero tan mía la Ley General de Sanidad de 1986, impulsada desde el PSOE, como la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003, impulsada desde el PP. La primera supuso un gran avance hacia la consolidación de una sanidad pública, universal, gratuita en el acceso y financiada a través de impuestos. La segunda blindó la defensa de esas señas de identidad de nuestro sistema sanitario imbricándolas en la gestión autonómica y garantizando al mismo tiempo la equidad entre los ciudadanos. En ambos pilares se sustenta el que pasa por ser uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Y no renuncio a que lo siga siendo.
Más allá del buenismo voluntarista, todos sabemos que el Sistema Nacional de Salud sufre graves problemas y, con ellos, un serio riesgo de deslegitimación social. Para devolver el lustre a nuestra sanidad pública es imprescindible que ese empeño sea tarea de todos. Porque el acceso a una asistencia sanitaria de calidad es una conquista social, no el patrimonio exclusivo de un partido. Los partidos inspiran gobiernos y los gobiernos diseñan y aplican políticas legítimamente diferenciadas. Pero el sistema sanitario es de todos.
“Necesitamos un Ministerio de Sanidad resolutivo que sea consciente de que su fuerza procede del acuerdo con las comunidades autónomas, que gestionan el sistema sobre el terreno”
En pocos ámbitos se ve tan clara la necesidad del liderazgo colaborativo como en el sanitario: necesitamos en primer lugar un Ministerio de Sanidad resolutivo que sea consciente de que su fuerza procede del acuerdo con las comunidades autónomas, que gestionan el sistema sobre el terreno. Por lo tanto, pedimos a la ministra humildad y amplitud de miras: se trata de pensar en el derecho a la salud consagrado en nuestra Constitución, no en los réditos partidistas del corto plazo; réditos, por otra parte, muy limitados si se tiene en cuenta la abrumadora mayoría del Partido Popular en el Consejo Interterritorial de Salud. Le garantizo a la Ministra la lealtad de mi partido desde una base compartida de compromiso real y efectivo con la viabilidad del sistema.
Hacer viable el sistema es hacerlo sostenible. Y esa sostenibilidad es, en primer término financiera. En este sentido, me remito no sólo a la necesidad de políticas sensatas a la hora de financiar nuevos medicamentos, vinculando financiación a resultados en salud; sino, también, sobre todo, a un sistema de financiación autonómica coherente con la deriva social y demográfica de nuestro país, que en términos asistenciales se traduce en cronicidad, fragilidad y coordinación sociosanitaria. Desde esta perspectiva, teniendo delante realidades que definen la vida y la muerte de las personas, hablar de diferencias identitarias y de balanzas fiscales es sencillamente obsceno.
“Pedimos a la ministra humildad y amplitud de miras: se trata de pensar en el derecho a la salud consagrado en nuestra Constitución, no en los réditos partidistas del corto plazo”
Asimismo, necesitamos el concurso de todos para ajustar de una vez por todas la necesidad de profesionales a su disponibilidad. Para ello, quizá ayude ampliar el foco a nuevas competencias para el sistema de saberes profesionales del ámbito de la Salud Mental, la Enfermería y la Farmacia Comunitaria: el sistema no puede permitirse el lujo de prescindir de refuerzos para su arquitectura funcional, vengan de donde vengan. En esta descongestión de la saturación profesional del sistema, la concertación inteligente de servicios privados puede aportar un elemento de sostenibilidad a largo plazo.
Finalmente, recurro a otro elemento transversal que puede ayudar a hacer sostenible el sistema entre todos: demos herramientas a los profesionales para gestionar los recursos pensando en los pacientes. Esto es, hagamos gestión clínica de verdad. Transfiramos a los profesionales riesgos, beneficios y poder para la toma de decisiones. Esto, sin duda, es ética con consecuencias. Si nos atrevemos a ello, los profesionales volverán a confiar en los responsables institucionales del sistema. Porque les habrán dado herramientas para hacer lo que saben hacer: cuidar de la salud de las personas, sin duda uno de los bienes más preciados de nuestra democracia.
