J. L. G.
Parte de los alrededor de 4.100 candidatos que se presentaron a las algo más de 800 plazas de Enfermería convocadas en noviembre de 2022 por el Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-Salud) podrían quedar excluidos por no tener el nivel de catalán requerido. Esto se debe a que, en marzo de 2023, se modificaron las bases de dicha convocatoria para que el idioma ya no fuese un mérito valorable dentro del resto de condicionantes, sino que fuese una categoría ineludible para acceder a un puesto público.
Esta cuestión, la del qué pasará en los próximos meses cuando se haya realizado la baremación y se publique la relación de plazas asignadas, es la que mantiene en guardia a cientos de profesionales de otras comunidades autónomas (o baleares que no tienen dominio avanzado del catalán) que acudieron a optar por un puesto en la sanidad pública balear.
En marzo de 2023 se modificó la redacción original de la OPE para que el idioma catalán ya no fuese un mérito valorable sino que fuese una categoría exigida
Porque, en el inicio del proceso de oposiciones, se recogía que cualquier profesional de Enfermería sería calificado en base a los méritos recogidos en las bases. Era así hasta que, meses después, dos entidades denunciaron la redacción inicial de la convocatoria. Estas, según el portal The Objective, serían el sindicato de trabajadores y trabajadoras de las Islas Baleares (STEI), y Obra Cultural Balear (OCB), una institución que promueve la lengua y cultura catalanas. Desde OCB, Antoni Llabrés, vocal de su actual junta directiva, aclara por correo electrónico que no se presentó denuncia alguna, sino que el Gobierno balear aceptó “parcialmente” los recursos de reposición relativos a las convocatorias en el marco del plan de estabilización.
De hecho, esta institución también está detrás del recurso presentado a finales de noviembre por PSOE y Sumar ante el Tribunal Constitucional tras el decreto del actual Gobierno autonómico del PP que elimina el requisito del catalán en la sanidad pública balear.
Tras esa modificación, se decide que queden exentas de acreditar un nivel B2 (avanzado) de catalán once categorías sanitarias. Entre ellas, la especialidad de Enfermería de Salud Mental, en su caso por deficitaria, explican fuentes de IB-Salud a iSanidad. En este caso, se presentaron 33 candidatos con el nivel de catalán exigido para 37 plazas.
Moratoria de dos años
En el caso de los profesionales sanitarios que ya estaban trabajando dentro del sistema sanitario regional, lo que se contempla es una moratoria de dos años para alcanzar y acreditar dicho nivel lingüístico.
Todo ello obedece al proceso de estabilización 2022-2024 impulsado por el Gobierno balear, “uno de los más ambiciosos que ha habido nunca”. Este busca, entre sus principales objetivos, reducir la alta tasa de interinidad para ir acercándose a la media europea que exige máximo un 8% del total del personal en esta situación. Nuestro país presenta porcentajes elevadísimos, en torno al 30%, precisan las fuentes consultadas.
Respecto a la polémica suscitada, zanjan que aquellas personas que no estén en activo en el sistema sanitario autonómico y no se puedan ceñir a la moratoria de dos años, “no saldrán elegidos” en base a los criterios mencionados. Y, añaden, este tipo de procesos convocados “son inamovibles” hasta que acaben.
“La prioridad es que la población reciba asistencia sanitaria”
Baleares no es una excepción y, como el resto del país, arrastra un “importante déficit de profesionales de Enfermería”, señalan desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España. En la actualidad, según los datos que manejan, su ratio es de 578 enfermeras y enfermeros por cada 100.000 habitantes. La media española es de 628; la de la Unión Europea, de 827.
Al respecto, desde la OCB no creen que la modificación de las bases afecte a la sanidad pública por una hipotética carencia de profesionales. En la categoría de enfermero se presentaron 1.617 candidatos “capacitados lingüísticamente” con nivel B2 de catalán para 1.182 plazas (un 136%).
En el caso de las plazas para enfermero obstetrocoginecológico, 155 candidatos que disponen del requisito de catalán para 60 plazas (258% superior al cupo); enfermero de urgencias en la atención primaria, 512 candidatos con requisito para 35 plazas (un 1.462%).
La ratio de profesionales de Enfermería en Baleares se sitúa en 578 por 100.000 habitantes, por los 628 de España y los 827 de la UE
Hasta el máximo órgano representativo de la profesión ya han llegado “algunas consultas de afectados por este supuesto cambio de criterio”. Al respecto, indican que “se les ofrecerá el asesoramiento legal al que tienen derecho, como no puede ser de otra manera”. Si bien reiteran que la lengua es importante y “no debe haber obstáculos a la hora de comunicarse con los pacientes de un territorio en concreto”, el idioma debería ser considerado “más un mérito que una obligación excluyente” al optar a una plaza.
Desde el punto de vista de Llabrés, disponer de sanitarios “capacitados lingüísticamente para poder atender a los pacientes en las dos lenguas oficiales es la única manera para que los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho de opción lingüística”. Es decir, que puedan elegir la lengua de preferencia para comunicarse con la administración sanitaria.
Por parte del sindicato mayoritario en la especialidad a nivel nacional, Satse, añaden que ofrecerán a la gente afectada “hacer las reclamaciones oportunas” al proceso. “Judicializar incluso”, especifica Jorge Tera, secretario general autonómico de Satse Baleares.
Tera habla en conversación telefónica con este medio de un “cambio de reglas en mitad del partido” que ha afectado a mucha gente. “Y lo que vamos a hacer es defender los intereses de nuestros afiliados”, insiste.
“Vamos a defender los intereses de nuestros afiliados”, advierten desde el sindicato de enfermería Satse Baleares
Con más motivo si se tiene en cuenta, asegura, que cuando se modificaron las bases de la convocatoria no se notificó a los opositores “este cambio” (inevitablemente apareció en el BOIB y el BOE); ni se les ha devuelto las tasas pagadas para presentarse a la prueba; ni ha excluido a aquellos que no cumplen los requisitos antes de la fase de oposición. “Nosotros creemos que sí hay base para llevarlo a juicio”, expone.
Ahora queda esperar a que se publiquen los baremos (el plazo legal es hasta el 31 de diciembre de 2024) y conocer a cuántos profesionales sanitarios de la rama de enfermería afectó el cambio normativo. “En cualquier caso, la población debe recibir la asistencia sanitaria que necesita. Esa es la prioridad”, anteponen desde el Consejo General de Enfermería.
