J. L. G.
Cualquier espacio sanitario del territorio nacional se regirá bajo un protocolo común de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y adolescencia. Anunciado este lunes, el documento pretende unificar la respuesta del ámbito sanitario frente a cualquier tipo de agresiones (ya sean físicas o psicológicas) a menores. Así se ha acordado en la Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Covinna). Dicho organismo está compuesto por las comunidades y ciudades autónomas y también otros ministerios (Justicia, Juventud e Infancia e Igualdad).
De esta forma, se busca materializar una respuesta sistematizada dentro del ámbito sanitario para alcanzar la promoción del buen trato, la prevención, la detección y el abordaje integral de todos los casos y tipos de violencia sobre la infancia y adolescencia desde una perspectiva de equidad, accesibilidad, no discriminación y curso de vida.
El documento pretende unificar la respuesta del ámbito sanitario frente a cualquier tipo de agresiones (ya sean físicas o psicológicas) a menores
El protocolo, ya disponible, concreta a lo largo de sus 81 páginas diversos aspectos de actuación. Dirigido a profesionales del ámbito sanitario, tanto asistenciales como no asistenciales, también se ha elaborado para que quede a disposición de todas aquellas personas con responsabilidad en la gestión y planificación de políticas y recursos sanitarios. La esencia de esta iniciativa nace de los protocolos autonómicos ya presentes en las comunidades autónomas y la revisión de la bibliografía más reciente.
Este nuevo paso sirve para refutar lo ya aprobado en junio de 2021 en la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi). Esta normativa ya persigue establecer un nuevo paradigma de prevención y protección de la violencia a través de una aproximación integral desde la perspectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta la naturaleza multidimensional de sus factores de riesgo y los determinantes sociales de la salud.
Una cuestión de salud pública
“La lucha contra la violencia en la infancia y la adolescencia es un imperativo de derechos humanos y constituye una cuestión de salud pública”, se puede leer en el documento. Se estima que en 2021 se notificaron 21.521 casos sospechosos en España de violencia en niños, niñas y adolescentes, según el Registro Unificado de Maltrato Infantil (Rumi). Una cifra que observan, tanto a nivel nacional como internacional, está infra notificada, según indican diversos estudios de prevalencia.
Se considera un problema con impacto en la salud pública porque la violencia afecta tanto al estado de salud como al bienestar a lo largo de toda la vida. Si bien se puede prevenir o atenuar a través de medidas sistemáticas basadas en evidencia científica. Entre ellas, garantizar una respuesta integral, multidisciplinar y de calidad de los servicios de atención a la infancia y adolescencia, entre ellos los servicios sanitarios. Este apoyo, además, debe ser realizado por profesionales formados en la materia y durante el tiempo que sea preciso, apoyando y contando con sus personas cuidadoras.
Se considera un problema con impacto en la salud pública porque la violencia afecta tanto al estado de salud como al bienestar a lo largo de toda la vida
El protocolo, elaborado bajo la coordinación de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, ha contado con la colaboración de las comunidades y ciudades autónomas; otras administraciones públicas, instituciones y profesionales de los diferentes sectores implicados en esta problemática. Además, ha sido revisado por diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
Reducir la prevalencia de factores de riesgo
Entre los objetivos está reducir la prevalencia de factores de riesgo, es decir, realizar una prevención primaria a través de la valoración del riesgo psicosocial. Se establece una valoración tanto de las Experiencias Adversas en la Infancia (EAI) como de las Experiencias Beneficiosas en la Infancia (EBI), permitiendo visibilizar y valorar las vulnerabilidades y fortalezas de niños y adolescentes y su entorno. Asimismo, se persigue facilitar la identificación precoz de situaciones de riesgo de violencia (prevención secundaria), y la puesta en marcha de los apoyos necesarios para corregir o atenuar estas situaciones de riesgo de una manera integral y coordinada (prevención terciaria).
El objetivo es reducir la prevalencia de los factores de riesgo a través de tres niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria
En el apartado preventivo, se plantean otras intervenciones como son el acceso temprano a servicios prenatales y posnatales en embarazos de riesgo o bien visitas domiciliarias desde la etapa prenatal hasta los dos años de vida. También contempla otros, como programas de parentalidad positiva individuales y grupales; programas de tratamiento para personas responsables que fueron víctimas de maltrato en su infancia, o la evaluación de todos los menores que hayan presenciado o sufrido actos violentos, entre otras.
Cómo actuar cuando se detecta un caso
El protocolo recoge que, una vez detectado un posible caso es imprescindible llevar a cabo una minuciosa historia clínica y social. A la vez que se realizan las pruebas y test necesarios para llevar a cabo un diagnóstico diferencial preciso que descarte o confirme la sospecha. Si esta se confirma, es necesario realizar una valoración tanto de la gravedad clínica de las lesiones y el riesgo vital que estas conllevan, como de la seguridad o riesgo de desprotección del niño o adolescente que va a dar lugar a la adopción de un procedimiento urgente u ordinario.
Este proceso debe realizarlo un equipo compuesto por, al menos, profesionales de medicina, enfermería y trabajo social sanitario, en colaboración con otros profesionales o unidades especializadas, especialistas forenses, de psicología y/o del ámbito de la protección y la justicia, cuando proceda.
En cuanto a la historia clínica electrónica, se señala la necesidad de homogeneizar y sistematizar el registro, asegurando la confidencialidad. El objetivo es facilitar el seguimiento del caso y obtener datos sobre la prevalencia de casos de violencia en estos colectivos, lo que permitirá una adecuada monitorización y evaluación tanto del problema de salud pública en general como de este protocolo en particular.
Si se confirma el caso de violencia frente al niño o adolescente, el protocolo recomienda valorar tanto la gravedad clínica de las lesiones y el riesgo vital que conllevan
Además, se tiene en cuenta la importancia de establecer canales de comunicación y coordinación, tanto dentro de las instituciones sanitarias, como entre ellas y con otras instituciones que participan en el proceso. Así, se menciona a los servicios sociales municipales; la entidad pública de protección a la infancia dependientes de cada autonomía; las instancias judiciales incluyendo los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Fiscalía, fuerzas y cuerpos de seguridad e instituciones educativas, entre otras. Sin olvidar a las asociaciones y activos comunitarios para el abordaje integral de la violencia, tanto la prevención y promoción de los buenos tratos, como la atención y acompañamiento posterior, de forma que se promuevan redes por el buen trato.
Por último, este protocolo prevé, aunque los indicadores a tal efecto se desarrollen en una fase posterior, la monitorización y evaluación tanto de la implementación como de los resultados obtenidos en materia de calidad asistencial, protección y recuperación de proyectos vitales. Deben ser valorados con indicadores que permitan medir su impacto y grado de cumplimiento, y poder establecer medidas correctoras en caso necesario.
