Redacción
El Consejo de Ministros ha aprobado la constitución de la primera sociedad mercantil de terapias avanzadas, una colaboración público-privada que tiene por objetivo desarrollar y comercializar terapias avanzadas provenientes de investigaciones de grupos españoles punteros, según recoge Europa Press. Se trata de un pacto de socios que se formalizará entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de Innvierte, cuyo promotor y único accionista es el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), e Insud Pharma y Laboratorios Farmacéuticos Rovi (Rovi).
Por tanto, es una sociedad mercantil de mayoría privada (51%), pero con participación pública (49%). El 51% de capital privado se reparte en un 25,5% entre Grupo Rovi e Insud Pharma. “Se trata, en este caso, de una colaboración público-privada muy ambiciosa”, han expresado fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que esta sociedad mercantil “responde al compromiso del Gobierno con el impulso, a través de la ciencia y la innovación, de la medicina más avanzada y la llegada al mercado de las investigaciones en salud que se llevan a cabo en el sistema de ciencia español para promover su acceso a todas las personas”.
Morant también ha explicado que el objetivo es “desarrollar y comercializar medicamentos, terapias y tecnologías avanzadas, innovadoras o emergentes en el ámbito sanitario, provenientes de los resultados de grupos de investigación españoles, punteros en sus áreas”. En un inicio, el fin concreto de esta iniciativa, adscrita al PERTE de Salud de Vanguardia, es llegar a la autorización y comercialización de dos terapias avanzadas en 2027 fabricadas en España.
La sociedad mercantil tiene por objetivo desarrollar y comercializar terapias avanzadas provenientes de investigaciones de grupos españoles punteros
Según fuentes de Ciencia, con esta sociedad se pretende impulsar una industria nacional para este tipo de terapias, que ahora mismo no existe en España. Además, explican que los fármacos resultantes de este proceso se ofrecerán al Sistema Nacional de Salud con un precio “competitivo”, ya que se trata de terapias “muy costosas, muchas veces inasumibles por los sistemas públicos de salud”. “Esto hará que nuestro Sistema Nacional de Salud sea más sostenible”, han incidido.
“Los fondos invertidos en investigación básica por el Estado y por la sociedad española, en etapas iniciales, revierten tanto en la industria nacional como en la salud de sus ciudadanos, cerrando un círculo en el que la participación pública es imprescindible”, han asegurado desde Ciencia. En cuanto al proceso, han destacado que, en marzo de 2023, el CDTI abrió una llamada de expresiones de interés para los grupos privados interesados a participar en esta iniciativa. Atendiendo a capacidades técnicas y financieras, en junio de 2023, se seleccionó la propuesta conjunta que habían presentado el grupo Rovi e Insud Pharma.
Una capitalización de 74.867.346 eueros en 2024
En principio, la aportación pública a la sociedad es de 36.685.000 euros. La aportación del capital privado será de 38.182.346 euros, aportada por partes iguales del 25,5% del total por las sociedades Insud Pharma y Rovi. Esto supondrá que, a finales de este año, esta sociedad tendrá una capitalización de 74.867.346 euros. “Es una sociedad que nace con una capitalización fuerte”, han trasladado a los medios fuentes de Ciencia.
“Al final, lo que tendremos es que los pacientes, sus familias y todos nosotros nos veremos beneficiados de esta actuación, mejorando tratamientos, dando acceso a los mismos a toda la población, haciendo un sistema público de salud más sostenible y más igualitario y basándonos en una base científica e innovadora esencial”, expresan desde este Ministerio.
La aprobación de la sociedad mercantil en el Consejo de Ministros supone avanzar en toda la formalización y constitución de la compañía. Tras las firmas, una junta de accionistas elegirá a un consejo de administración, formado por dos consejeros a propuesta del Gobierno y otros dos a propuesta de las farmacéuticas participantes. Este será el máximo órgano de control, y elegirá a un director general y a un comité científico-técnico, que será el encargado de determinar qué terapias tienen más proyección para cumplir los objetivos de la sociedad.
Este comité científico-técnico estaría constituido por tres miembros, uno por cada uno de los socios que participan: uno del sector público y otro por cada una de las sociedades privadas que participan en el organismo. Las dos terapias finalmente escogidas deben cumplir objetivos concretos en términos de interés público del proyecto, interés comercial, viabilidad económica y técnica.
La aportación pública a la sociedad es de 36.685.000 euros y la de la aportación del capital privado será de 38.182.346 euro
Partiendo de esta selección, se desarrollará un plan de negocio vinculado a las terapias. “Para el desarrollo de las pruebas, se va a contar con las capacidades industriales ya existentes, preferiblemente, para el desarrollo en España, también incluyendo al sector público y a las capacidades instaladas en cada una de las empresas que participan en la sociedad”, han expresado fuentes de Ciencia.
Por otro lado, los beneficios de la sociedad se van a distribuir en función del capital aportado a cada una de las partes. Así, si las terapias que se producen generan beneficios por su venta en otros mercados, el Gobierno tendría acceso a los beneficios que se generasen en función de su propio capital aportado, que es el 49%. Asimismo, los derechos de propiedad, tecnologías y procesos que se generen en el marco de este desarrollo de las terapias serán propiedad de la sociedad mercantil.
En resumen, una vez que se constituya la entidad y se establezca el comité científico, será este organismo quien decida qué terapias se impulsarán, cómo se van a desarrollar y cuáles van a ser los planes de desarrollo.
Participación pública en la sociedad mercantil
Tal y como insisten desde Ciencia, la participación pública se instrumentará a través de Innvierte Economía Sostenible, la sociedad de inversión colectiva de tipo cerrado (SICC) supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuyo accionista único es el CDTI. Por su parte, el Instituto de Salud Carlos III colaborará en la aportación del conocimiento científico y participará en los órganos científico-tecnológicos de decisión de la sociedad. Además, se prevé una aportación adicional por parte de Innvierte de hasta 71 millones de euros, de modo que la nueva sociedad podría movilizar hasta 220 millones de euros, con una aportación pública total de 107 millones de euro
