La Asociación de Economía de la Salud (AES) ha publicado en su web el cuarto y último capítulo del documento ‘Sistema Nacional de Salud (SNS): diagnóstico y propuestas de avance’, que aborda el Buen Gobierno de la Sanidad y concluye que la evaluación de las políticas de Salud es la “asignatura pendiente” en España.
Entre las más de 150 propuestas que recoge AES en esta publicación, destaca la necesidad de establecer reglas claras por parte de los máximos responsables públicos y un alto grado de exigencia ética, en una apuesta por la transparencia, la participación democrática, la evaluación de las políticas, la rendición de cuentas a los ciudadanos y su corresponsabilidad en el sistema, para lo cual las autoridades deben asegurarse de que estén bien informados.
La Asociación de Economía de la Salud se constituyó en 1985, aunque ya venía desarrollando unas jornadas anuales desde 1980. Se creó para agrupar voluntariamente a todos aquellos profesionales dedicados a la economía de la salud, y en la actualidad cuenta con más de 700 asociados. De ellos, el 33% son médicos, el 32% economistas y el resto de otras disciplinas.
El documento, que AES ha enviado ya a las administraciones estatal y regionales, toma el pulso al SNS, valora los cambios introducidos por iniciativas legislativas recientes y propone medidas de reforma – que eran necesarias antes de la crisis económica- fundamentadas en los análisis de la economía de la salud
“Se trata de afrontar las reformas estructurales necesarias para priorizar los recursos de manera eficiente y garantizar la equidad del sistema”, argumenta la presidenta de la Asociación de Economía de la Salud, Marta Trapero-Bertran, en un sistema sanitario que es “un servicio público imprescindible para que la crisis económica no derive en una crisis social de gran calado”.
A lo largo del libro, se advierte que es fundamental la toma de decisiones basada en la evaluación de las políticas “antes, durante y después” de su puesta en marcha, para que las medidas que se adopten en todos los niveles del sistema sanitario estén bien informadas.
En este sentido, los autores de la obra cuestionan si podemos “permitirnos el lujo” de destinar recursos a políticas que “no funcionan”, apela a la “voluntad política” para establecer evaluaciones antes de hacer las reformas, y propone poner en marcha fases piloto que sean evaluadas desde la imparcialidad y con criterios de excelencia científica.
Mayor exigencia de calidad democrática
En el cuarto capítulo de este documento, AES plantea la necesidad de “activar una mayor exigencia de calidad democrática por parte de la ciudadanía a sus representantes y hacia instituciones y organizaciones” como elemento de mejora de la salud.
La Asociación de Economía de la Salud parte de considerar que “los verdaderos propietarios del sistema sanitario son los ciudadanos”, por lo que son quienes tienen el poder de tomar las decisiones y los profesionales están en la obligación de responder a un “contrato social”.
Una relación que no debe quedar circunscrita al ámbito público, sino que “debe trasladarse también a la relación entre accionistas y ejecutivos en las empresas privadas, así como entre estos y la ciudadanía”.
De esta manera, AES plantea propuestas de transparencia en la gestión de la Sanidad; aboga por la “difusión de toda la información que sea generada con dinero público”, para que sea de dominio público salvo que afecte a la privacidad individual; y apela a la participación cívica, política y de los expertos, con el conocimiento y la evaluación de los datos.
Para ello, considera que, siendo exigible, no es suficiente el cumplimiento de las leyes, los buenos resultados o combatir la corrupción, la mala gestión y el nepotismo; sino que se debe avanzar en la constitución de un conjunto de reglas consensuadas de participación democrática, transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas y obediencia a códigos de conducta.
Dentro de las medidas de Buen Gobierno, los expertos de AES alertan sobre los riesgos de la falta de identificación de los profesionales con el SNS, y apuestan por el rediseño del actual sistema de incentivos para contrarrestarlo, con criterios de mérito profesional “claros y explícitos”, también en la contratación de directivos del sistema sanitario público.
No hay evidencia de que la gestión privada sea mejor
Ante el debate sobre los modelos de gestión sanitaria, AES subraya que “es triste comprobar que en España no se han llevado a cabo evaluaciones rigurosas, objetivas e independientes de la eficiencia de las distintas fórmulas de gestión, tras más de dos décadas de experimentos con distintas fórmulas de gestión directa e indirecta”. No obstante, señala que “aún no hay información suficiente para concluir que la gestión privada sea superior a la pública; ni tampoco lo contrario”.
Según AES, habitualmente el debate en España se ve muy condicionado por argumentos “pasionales” que no ayudan a comprender que “la clave” de una buena gestión reside en “quién regula, financia y supervisa, y en las normas que aplica para ello”.
Además, alerta sobre la pretensión de reducir las bolsas de ineficiencia sin una “óptica clínica”, que es la que aportan los profesionales, en una visión que consideran “atolondrada” cuando no “malintencionada”. Sin embargo, la organización apuesta firmemente por las reformas, en lugar de que se apliquen meros recortes.
Entre los retos organizativos, apuesta por avanzar hacia una visión única y coordinada del sistema sanitario y del sistema de autonomía personal y atención a la dependencia, tendiendo puentes entre “dos sistemas con culturas distintas pero un objetivo común”, que es el cuidado de la salud.
La obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo y la pobreza infantil
En el tercer capítulo, AES constata que la crisis ha relegado las políticas de salud a un segundo plano, cuando hay evidencia de que las desigualdades hacen que los más desfavorecidos sufran más las enfermedades relacionadas con la obesidad, el tabaquismo o el alcoholismo, y plantea que luchar contra la pobreza infantil debería ser una prioridad para las autoridades españolas.
Para evitarlo, AES señala que es clave un buen sistema educativo, que se ocupe de frenar el fracaso escolar, y que cuente con una red de guarderías inspirada en experiencias del entorno, como en Quebec, Irlanda o Francia, que garantizan el acceso a todos los niños a las mismas oportunidades de desarrollo independientemente del nivel socioeconómico de los padres.
Además, la Asociación de Economía de la Salud entiende que hay margen para igualar los impuestos del tabaco con otros productos como el tabaco de liar, los puritos y los puros, al igual que con el alcohol, que en España preocupa, especialmente entre los jóvenes por su naturaleza adictiva y por la influencia del grupo.
Reforma del sistema de financiación autonómica
En el primer capítulo del documento, publicado el pasado 10 de diciembre, la Asociación de Economía de la Salud pone el acento en el sistema de financiación autonómica, que “no tiene la flexibilidad suficiente para adaptarse a la recesión económica” y “desemboca en escenario de mayor insuficiencia y desigualdad territorial”.
Como medida de reforma del sistema, propone rehuir del anclaje en el año base como statu quo que debe consolidarse; la creación de un fondo estatal para asegurar la coordinación; y la vinculación de los fondos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) al mantenimiento de estándares mínimos de calidad en las prestaciones sanitarias.
AES desaconseja la “subversión de los rasgos identitarios positivos que hacen reconocible al sistema sanitario español” y cuestiona el cambio de modelo que supone la denegación de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, que previsiblemente conllevará costes económicos y sociales “evitables”.
Asimismo, propone trasladar la prestación sanitaria del régimen económico de la Seguridad Social, instalándola definitivamente en el artículo 43 (derecho a la protección de la salud) de la Constitución.
En cuanto al copago, la Asociación de Economía de la Salud propugna “reformar la reforma”, avanzando paulatinamente desde el actual copago, lineal y obligatorio, a otro evitable y basado en criterios de coste-efectividad, que no diferencie entre trabajadores activos pensionistas, ya que los criterios relevantes son el nivel de renta y el estado de salud.
Así, los límites máximos al desembolso deberían operar también para los activos, generalizándose de una vez la receta electrónica en todos los sistemas regionales de salud.
Por último, AES urge a evaluar el impacto que pueden haber tenido los nuevos copagos sobre los diferentes grupos de pacientes y tipos de medicamentos, con el fin de “identificar y corregir inequidades”, derivadas de la aplicación de la medida.
