El interés de la externalización de los seis hospitales ha pasado de ser puramente económico a una batalla política de primer orden. Las grandes manifestaciones y protestas de los profesionales han dejado una herida abierta que no será fácil que se cierre. No obstante, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no puede dejarse ganar la guerra, que haya perdido algunas batallas no quiere decir que esté dispuesto a tirar la toalla.
Existen algunas posibilidades que seguramente están siendo bien sopesadas por PP de Madrid. Por un lado se está dando toda la notoriedad posible a la sentencia del TC que avala el modelo de concesión de hospitales públicos de manera que los trabajadores seguirían bajo la tutela del sistema público, con esta sentencia el Gobierno quiere mostrar que no son ilegales los términos que plantearon para estos hospitales -el problema es que los recursos presentados no tienen que ver con el formato final de la externalización, sino con el proceso y algunas de las cláusulas de los pliegos-. Por otro lado existe la posibilidad de privatizar pero sin hacerse cargo del personal sanitario, que mientras no se resuelvan todas las trabas judiciales seguirían dependiendo de la Consejería de Sanidad, lo que supone una privatización parcial y una victoria también parcial.
Esta última posibilidad tomaría cuerpo si las adjudicatarias entraran en el juego, si para las adjudicatarias el negocio fuera verdaderamente interesante. Sanitas, Ribera Salud e HIMA San Palo deben negociar con la Comunidad lo que significaría dirigir los centros sin dirigir al personal sanitario, inicialmente. Se convertiría en un modelo intermedio y temporal, a la espera de las últimas decisiones judiciales, con sus recursos correspondientes a instancias superiores, pero ya sin vuelta atrás.
Si esta nueva forma de externalización se lleva a cabo porque a las adjudicatarias les sigue interesando, cumpliría la finalidad inicial legalmente establecida en el plan de gestión indirecta, que evitaría, supuestamente más movimientos contra la Consejería por parte de los profesionales. Entre las nuevas condiciones para las empresas habría que añadir la posibilidad de volver a las condiciones originales de los pliegos a los que se presentaron.
Tanto Sanitas como Ribera Salud ya han mostrado en varias ocasiones que son “damnificados” en el proceso, y han solicitado al TSJM que se reanude el proceso y se levante su suspensión.
..Alfonso González
