Luis de Haro. Director general de iSanidad
En medio del contexto actual, marcado por las tensiones políticas, el tema de la sanidad pública se ha convertido en un espacio de disputa ideológica. Mónica García, ministra de Sanidad y miembro destacado de MasMadrid, sigue enarbolando siempre que puede la bandera de defensa de la sanidad pública. Bajo su idea de hacer una “política bonita” insiste en denominar “privatización” a la gestión privada de los hospitales públicos. Sin embargo, para García, la sanidad privada no tiene nada que temer porque “siempre la he tenido mucho respeto”. Insiste en la idea de que no quiere sacrificar la equidad y la accesibilidad en aras del beneficio económico.
El corazón del problema reside en la cuestión de si el ánimo de lucro debe tener cabida en el sistema
El corazón del problema reside en la cuestión de si el ánimo de lucro debe tener cabida en el sistema. García deja claro su posicionamiento y señala que la intención del gobierno es “poner el cerrojo” al ánimo de lucro en la sanidad pública. Para ella es una cuestión esencial. Considera que es la forma de protegerla de intereses económicos que podrían poner en riesgo su eficacia y equidad. La ministra parece entender que la gestión pública es la única garante de un acceso igualitario a la atención médica de calidad. Sin embargo, olvida que no existe cultura evaluadora sólida en la administración española. Este defecto dificulta la obtención de evidencia objetiva sobre los distintos modelos de gestión sanitaria. En este sentido, las decisiones políticas han carecido muchas veces de un análisis profundo y objetivo.
Más que basarse en evidencia, las posturas han sido moldeadas por ideologías, lo que ha generado un debate polarizado y poco constructivo. Debería ser imperativo que las decisiones sobre el futuro de nuestra sanidad pública se basen en un análisis riguroso de las distintas opciones. Es hora ya de superar las dicotomías simplistas y buscar soluciones que combinen lo mejor de ambos mundos. La colaboración entre el sector público y privado debe ser una vía para mejorar la eficiencia sin comprometer los principios fundamentales de la sanidad pública. Así, esta colaboración debe estar regulada de manera estricta para evitar que intereses económicos primen sobre el bienestar de la ciudadanía.
La colaboración entre el sector público y privado puede ser una vía para mejorar la eficiencia sin comprometer los principios fundamentales de la sanidad pública
La Comunidad de Madrid sí tiene un modelo asistencial evaluado, como la tienen otras comunidades. El modelo de Madrid está basado en la colaboración público-privada y permite ampliar recursos y mejorar rendimientos. La titularidad pública de los modelos concesionados, gestión privada, sigue siendo del 100%. La propia Comunidad de Madrid asegura que los procesos de concesión son públicos y transparentes, de hecho, son auditados continuamente.
El verdadero objetivo debe ser garantizar un acceso equitativo y universal a una atención médica de calidad. Esta meta solo se logrará dejando de lado la politización de la sanidad y priorizando el interés general por encima de cualquier otra consideración. Eso sí es defender la sanidad pública. Sería un error mantener la salud y el sistema sanitario como moneda de cambio en el juego político, como está sucediendo ahora. De hecho, acabarán con la sanidad pública los que no tienen argumentos para defenderla.
