Juan León García
Farmaindustria y la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) han celebrado este jueves en Madrid una jornada para actualizar el estado de la regulación económica de la industria farmacéutica en España. Si bien ha tenido un claro carácter europeo, debido a la presencia de Rainer Becker, director general adjunto de Productos Médicos e Innovación de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea (CE), quien ha traído hasta el repleto auditorio de la fundación las propuestas que el órgano ejecutivo comunitario ha realizado respecto a la estrategia europea de farmacia.
La normativa, adoptada en noviembre de 2020, tiene entre sus principales objetivos alcanzar la sostenibilidad y la autonomía del sistema sanitario europeo. Para conseguirlo, plantea un marco regulatorio “atractivo” que atraiga y apoye a la industria farmacéutica en sus inversiones en I+D para terapias avanzadas e innovadoras. Un proyecto que Becker reconoce “ambicioso” pero que busca el equilibrio en la parte de burocracia, para que sea más sencilla y ágil; en la parte de incentivos, para que lleguen antes, y con el fin de que tanto patentes como la autorización definitiva de la comercialización de productos reduzcan sus plazos. Se tarda entre una y dos décadas desde la aprobación de una patente a que esta luego llegue al mercado.
El ‘atasco’ también se ve en la desigualdad a la hora de que los estados miembros aprueben los medicamentos innovadores en sus respectivos mercados. Así, ha ilustrado Becker, entre 2018 y 2021 la CE aprobó 168 fármacos. Mientras que en Alemania, en el mismo periodo, estaban disponibles para los pacientes 147, en España se reducía a 96.
Jesús Ponce, presidente de Farmaindustria: “La propuesta de revisión de la legislación farmacéutica y de propiedad industrial se debe garantizar sin que menoscabe el actual ecosistema de innovación en Europa”
Y todo a pesar de que cada euro invertido en medicamentos ahorra entre 2 y 7 en otros gastos sanitarios y suma ahorros indirectos en productividad y otros costes sociales, como señala el informe El valor del medicamento desde una perspectiva social, elaborado por la Fundación Weber.
El presidente de Farmaindustria, Jesús Ponce, ha defendido que la regulación farmacéutica sea una facilitadora de la disponibilidad de innovación biomédica “y que se construya en base a un fin último: servir a la sociedad”.
“Debemos garantizar que la propuesta de revisión de la legislación farmacéutica y de propiedad industrial satisface las necesidades de los pacientes, sistemas sanitarios y estados miembros sin menoscabar el actual ecosistema de innovación en Europa, mejorando al mismo tiempo la competitividad perdida de nuestra región frente a terceros países en las dos últimas décadas”, ha señalado.
En vista a construir un escenario propicio para tal objetivo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha adelantado que es “imperativo un plan estratégico de la industria que cohesione y potencie liderazgo del sector”. Este hipotético plan, que contaría con la coordinación de varios ministerios, estaría participado por todos los actores que lo conforman.
Este plan, ha indicado, “debe garantizar la autonomía estratégica, cohesionar el sector y fortalecer el liderazgo público a lo largo de la cadena de valor del medicamento para que la innovación vaya alineada con el interés público, el bienestar social y las necesidades en materia de salud” del país. De ahí que haya hablado de un modelo propio (“modelo España”, lo ha mencionado) de industria farmacéutica asentado sobre tres patas: liderazgo público, un sistema nacional de salud descentralizado y de excelencia, e integralidad en la cadena de valor del medicamento.
Necesaria revisión del sistema de precios de referencia
En una mesa redonda compuesta por expertos economistas, Jaume Puig-Junoy, de la Fundación Ernest Lluch – UPF Barcelona School of Management, ha apuntado que es necesaria una “revisión a fondo” de los sistemas de precios de referencia en nuestro país porque “le quita al genérico la única ventaja que tiene”. Y ha mencionado en este sentido que los genéricos “no resisten” los costes de la dispensación en todas las oficinas de farmacia, y solo en aquellas de zonas socioeconómicamente altas.
Además, ha abogado por que Europa adopte un modelo de clúster Kendall Square, es decir, el que se da en EEUU con el MIT. Una forma público-privada “con mucho dinero público” que se asemeja a Silicon Valley en el aspecto biomédico. “Europa no tiene nada parecido”, ha avisado.
El modelo de clúster que se utiliza en EEUU con el MIT, público-privado, podría ser una referencia en Europa
Respecto a las propuestas de la CE, Georges Siotis, del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, ha puesto los pies en la tierra: “No se va a conseguir reducir los plazos de comercialización a dos años”. Ha propuesto como vías a explorar el posible diseño de un sistema de subastas para reducir el coste del sistema de salud; o en el caso de las resistencias antimicrobianas, la realización de pagos independientes de las ventas y la compra conjunta o anticipada, entre otras medidas.
Por último, Pedro Luis Sánchez, director del Departamento de Estudios de Farmaindustria, ha advertido que España está en un “momento crítico” en la regulación. Los dos reales decretos en marcha (Evaluación de Tecnologías Sanitarias y el de precios) “tienen que servir para los próximos 20 años”, además de integrar la normativa europea en el entramado legislativo nacional, que debe acometerse “de aquí a 2025”. Sánchez ha destacado finalmente que se deben atender tres aspectos “fundamentales”: la posibilidad de fijar precios por indicación; los costes de los fármacos, en especial los productos en combinación; y el uso de datos de vida real “que el regulador no puede ignorar”.
