Redacción
El presidente del Consejo General de Dentistas de España, Dr. Óscar Castro Reino, ha criticado la aprobación del Real Decreto 435/2024, que establece que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emita un informe preceptivo, no vinculante, sobre las propuestas de nuevos códigos deontológicos o modificaciones de éstos y que obliga a los colegios a motivar cualquier desacuerdo con las observaciones de la CNMC. El Dr. Castro ha defendido la autonomía de la Organización Colegial de Dentistas para regular la deontología de la profesión. Además, ha lamentado que este Real Decreto supone una “injerencia inadmisible” en las competencias colegiales consagradas en las leyes y en nuestra jurisprudencia.
Dr. Óscar Castro: “Solo los consejos generales y colegios profesionales sanitarios están verdaderamente capacitados para evaluar y actualizar las normas éticas de cada profesión”
“Nuestra organización no puede admitir ni tolerar ningún tipo de injerencia por parte de organismos externos en lo que respecta a nuestro código deontológico, que garantiza unos altos estándares de calidad asistencial en nuestra relación con los pacientes”, ha explicado. Además, ha recordado que los principios éticos y deontológicos abarcan aspectos como la honestidad, la confidencialidad, la competencia profesional, y el compromiso de mantenerse actualizado para ofrecer la mejor atención posible.
En este sentido, ha argumentado que los diferentes consejos generales y colegios oficiales de las profesiones sanitarias deben mantener íntegras sus competencias para garantizar la protección al paciente, la cohesión profesional, la capacidad de autorregulación y la credibilidad merced al compromiso con altos estándares éticos y profesionales.
El presidente del Consejo de Dentistas afirma que el Real Decreto supone una “injerencia inadmisible” en las competencias colegiales consagradas en las leyes y en nuestra jurisprudencia
“Solo los consejos generales y colegios profesionales sanitarios están verdaderamente capacitados para evaluar y actualizar las normas éticas de cada profesión, siempre en defensa de la integridad y la independencia frente a intereses comerciales o políticos externos, y con el objetivo final de garantizar la salud de nuestros pacientes”, ha concluido.
