Redacción
El ministerio de Sanidad ha anunciado este lunes que se ha abierto a consulta pública el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). En este contexto, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha indicado que se mantiene “expectante” a la espera de conocer en qué se materializa el propio Proyecto de Ley. En cualquier caso, han subrayado que “limitar la colaboración público-privada en sanidad por cuestiones ideológicas solo generaría un aumento de los problemas sanitarios para los pacientes”.
La Fundación IDIS apuesta por introducir prácticas de gestión de los recursos de la administración pública para incrementar la productividad y la eficiencia en sanidad
En relación a la consulta pública previa abierta, la Fundación IDIS ha precisado que “estaría de acuerdo en la creación o renovación de un marco de relación consensuado entre el sector privado y el sector público que permita colaborar en condiciones de seguridad y transparencia para todas las partes, y de calidad y seguridad para los pacientes”.
Con respecto a los objetivos de la norma, se han referido concretamente a la “limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro” y a la “facilitación de la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de los servicios sanitarios públicos”. En este sentido, resaltan que el 40% de los recursos sanitarios en nuestro país son privados y los colaboran asiduamente con el SNS, bien perteneciendo al mismo a través de los convenios singulares o a través de los diferentes conciertos con los centros que no están dentro del SNS.
La entidad está de acuerdo en la introducción de reformas o modificaciones que permitan que los pacientes tengan un sistema sanitario “más robusto, resiliente y sostenible”
Según el Catálogo Nacional de Hospitales (CNH), de todos los hospitales privados, solo un testimonial 5% corresponde a hospitales sin ánimo de lucro (benéficos). “La limitación de este tipo de acuerdos con ánimo de lucro solo se traduciría en problemas para la accesibilidad, el acceso y la atención de los usuarios del SNS, que ya soportan en el momento actual listas de espera obscenas”, apuntan desde la Fundación IDIS.
El cuarto objetivo de la consulta pública previa aboga por alinear la gestión del sistema sanitario público con los objetivos de salud de la sociedad, más allá de renovar las bases de la colaboración público-privada, lo cual “siempre es beneficioso y ha de hacerse para garantizar el acceso al sistema en tiempo y en forma para los pacientes”, la Fundación IDIS entiende que “lo más importante y urgente es la introducción de prácticas de gestión de los recursos de la administración pública que permitan incrementar la productividad y la eficiencia para cumplir con los objetivos de la salud española”.
ASPE califica de “irreal” un SNS sin la ayuda de la sanidad privada
Por su parte, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha calificado de “irreal” la intención de gestionar de manera eficiente un SNS sin la colaboración del sector privado. En este sentido, alerta del riesgo evidente de fallo sistémico de la sanidad pública. “La eliminación de conciertos llevarán de forma predecible e irresponsable a una situación de agravamientos de salud en cientos de miles de usuarios, al incrementar previsiblemente las listas de espera, ya en cifras muy elevadas. La colaboración público-privada es la única alternativa para paliar esta situación”, ha señalado Carlos Rus, presidente de ASPE.
ASPE ve con preocupación las expresiones “altisonantes e innecesarias” de la ministra de Sanidad y advierte que la eliminación de conciertos supondría un gasto adicional de casi 3.000 millones a la pública
El sector privado ve además con preocupación las expresiones “altisonantes e innecesarias” pronunciadas por la ministra de Sanidad, Mónica García, ya que estas declaraciones nuevamente “contribuyen a criminalizar la actividad legitima de un sector que siempre ha trabajado con la máxima responsabilidad y consciente del importante papel que desempeña en la provisión de asistencia sanitaria a los ciudadanos”, ha lamentado Carlos Rus.
Además, desde ASPE han advertido que la eliminación de conciertos propuesta en la Ley de Gestión Pública del SNS le supondría a la sanidad pública un gasto de 2.746 millones de euros anuales, según los estudios, teniendo en cuenta que esta fórmula de colaboración público-privada supone, mínimo, un ahorro del 25% para las arcas públicas.
Finalmente, han resaltado que la futura ley provocará una limitación de los modelos públicos de gestión en manos de las comunidades autónomas y un conflicto competencial que podría alcanzar el Tribunal Constitucional. “Se está limitando a las comunidades autónomas en su capacidad de gestión, eliminando una posibilidad de colaboración que supone un gran alivio en momentos de demanda puntual de algunas intervenciones quirúrgicas, más necesario aún si cabe en los tiempos actuales, en los que los ciudadanos padecen listas de espera en cifras históricas semestre tras semestre”, ha concluido el presidente de ASPE.
