J.P.R.
La Alianza de la Sanidad Privada Española prepara alegaciones a la Ley de Gestión Pública, después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciara la apertura del periodo de alegaciones. Su presidente, Carlos Rus, denuncia en una entrevista con iSanidad, el “poso ideológico” de la normativa y advierte del impacto que puede tener en las listas de espera del sistema sanitario.
¿Cree que hay un lucro excesivo como dice la ministra?
El sector de provisión sanitaria, que es el que represento, tiene márgenes muy estrechos en su colaboración con la sanidad pública. De hecho, los precios medios concertados de intervenciones quirúrgicas son inferiores a los precios públicos, con tarifas un 50% inferiores, de media. Nuestro objetivo, en este caso, ha sido siempre ofrecer una solución eficiente y contribuir de esta forma a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. A pesar del poso ideológico de esta Ley en tramitación, el nuestro es un sector responsable y respetuoso con su valor social que contribuye con eficacia al bienestar de la población. Hablamos de la salud de las personas, somos muy conscientes de la importancia del objeto de nuestro trabajo.
“Es evidente que se trata de una Ley orientada a una opinión pública muy concreta”
¿Esta Ley será fruto del empeoramiento de los servicios a los ciudadanos como ha dicho la ministra?
Es muy evidente que los servicios de salud públicos han empeorado gravemente en los últimos años, solo hay que ver los datos de las listas de espera, en máximos históricos con casi 850.000 personas esperando a ser intervenidas y más de 3,8 millones de pacientes esperando para ver a un especialista. La atención primaria, que debe ser base del sistema, tiene problemas de accesibilidad en cifras récord.
La ministra lanza una Ley para hacer prácticamente inalcanzable la colaboración público-privada en los modelos de gestión de las comunidades autónomas, sin hablar con los responsables autonómicos y atacando a la sanidad privada por ser, según el Ministerio de Sanidad, parte sensible del problema de todo lo anteriormente descrito. ¿Somos responsables de la gobernanza sanitaria del sistema público? ¿Nuestra participación en auxilio de la sanidad pública provoca la crisis asistencial que vive el modelo? Es evidente que se trata de una Ley orientada a una opinión pública muy concreta.
Todo lo anterior no implica que no estemos a favor de tomar medidas que supongan una reestructuración del sistema para poder ofrecer una mejor calidad asistencial, pero no a costa de criminalizar a un sector responsable, leal, eficiente, capaz, avanzado… no somos el problema, sino parte de su solución. Y los datos así lo demuestran. Somos el 3,2% del PIB, representamos a 400.000 profesionales sanitarios, realizamos el 42% de las intervenciones quirúrgicas y acogemos el 31% de las estancias y urgencias.
“La ministra lanza una Ley de Gestión Pública para hacer prácticamente inalcanzable la colaboración público-privada en los modelos de gestión de las comunidades autónomas, sin hablar con los responsables autonómicos”
¿Tiene ASPE intención de presentar alegaciones? ¿En qué línea?
Sí, presentaremos las alegaciones adecuadas a tenor de nuestra visión, que irán dirigidas principalmente a defender la legitimidad de los conciertos sanitarios y la libertad de acción de las comunidades autónomas para la gestión de su sistema sanitario y la utilización de todas las herramientas que tengan a su disposición, entre ellas la posibilidad de colaborar con un recurso estratégico y flexible como nuestro sector, que se ha demostrado exitoso para el conjunto del sistema desde la Ley General de Sanidad de los años ochenta y que ahora la ministra trata de demoler.
¿Cree que hace falta más transparencia en los sistemas sanitarios? ¿Cómo se pueden mejorar los procedimientos de la concertación?
La transparencia en los mecanismos y resultados de nuestra colaboración ya está demostrada, nadie debe poner en duda nuestro cumplimiento con toda la legalidad en cuanto a plazos y requisitos. La colaboración de los hospitales está auditada por las comunidades autónomas y, de hecho, hemos obtenido siempre la confianza de los gestores públicos en las regiones donde hemos concertado. Pero, por supuesto, siempre estaremos a favor de impulsar la mayor transparencia posible para identificar áreas de mejora y garantizar que se cumplan los estándares de calidad y transparencia y de resultados de salud.
“Para el sistema público de salud, la posible eliminación de conciertos implicaría un gasto adicional de 2.746 millones de euros”
¿Cómo puede afectar esta normativa en un momento marcado por una cifra récord en las listas de espera quirúrgica?
Si la normativa dificulta el uso del modelo de conciertos sanitarios, que desde hace 40 años ha servido para aliviar la carga del sistema público de salud, y lo hace, además, en un momento especialmente tensionado, es obvio que esto va a afectar muy negativamente a las listas de espera. Si bien es cierto que este problema es complejo y requiere de soluciones integrales, la participación de la sanidad privada es fundamental y está plenamente justificada para poder sacar adelante esta situación. Tenemos más de 1.600 quirófanos y 432 hospitales, no utilizarlos en este momento de especial necesidad es una irresponsabilidad para con los ciudadanos.
¿Qué impacto económico puede tener esta normativa para el sistema sanitario
Para el sistema público de salud, la posible eliminación de conciertos implicaría un gasto adicional de 2.746 millones de euros para la sanidad pública. Este dato se basa en el hecho de que este modelo de colaboración entre el sector público y privado conlleva, como mínimo, un ahorro del 25% para el Gobierno. A tenor de todo lo anterior, esta normativa no parece la medida más eficiente.
¿Entraría en colisión esta medida con las competencias de las Comunidades Autónomas?
Esta ley restringe los modelos de gestión pública en manos de las comunidades aAutónomas, lo que podría desencadenar un conflicto competencial que, eventualmente, podría llegar al Tribunal Constitucional, ya que se trata de una limitación de la capacidad de las CCAA para administrar según sus propios criterios.
