Madrid, primera comunidad que presenta alegaciones contra el proyecto de ley de gestión pública e integridad del SNS

Argumenta en su escrito que esta reforma legislativa invade competencias, cae en la redundancia de sus planteamientos y, entre otros, genera mayor inseguridad jurídica

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Redacción
La Comunidad de Madrid es la primera región que presenta alegaciones a la Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS. La Consejería de Sanidad ha alegado que el texto incurre en invasión de competencias, redundancia en sus planteamientos, falta de rigor y ausencia de memoria económica. Además, insiste en que la nueva normativa, de publicarse así, provocaría inseguridad jurídica.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso entiende que el texto podría exceder las competencias estatales e invadir competencias propias de las comunidades autónomas. En el documento que ha remitido al Ministerio advierte que podría suponer una vulneración de las normas europeas incorporadas al ordenamiento jurídico español.

En sus alegaciones a Ley de Gestión Pública, la Comunidad de Madrid plantea que la normativa carece de memoria económica

Madrid insiste en que el texto, además, trata de regular el modelo de colaboración público-privada en materia de transparencia, auditoría y rendición de cuentas. La región considera que se incurre en “la redundancia ya que muchas de las normas propuestas ya se vienen aplicando en la Comunidad de Madrid desde hace muchos años”, sealan en un comunicado. Todas estas medidas que la norma pretende regular ya existen en la Comunidad de Madrid y ello en aplicación de normas dictadas en ejercicio de competencias propias de la Comunidad, cuál es su poder de autoorganización, previsto en el artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía, según el cual corresponde a la Comunidad de Madrid el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria”, según se pone de manifiesto en el documento de alegaciones. 

El Ejecutivo autonómico denuncia que “la propuesta del Ministerio de Sanidad no aporta soluciones realistas, ni concretas”. En las alegaciones lamentan que la norma “está redactada genéricamente y carece del mínimo rigor normativo, económico y organizativo, al no aportar cifras, referencias doctrinales, ni económicas alguna y sin relacionar ni concretar los problemas que dice querer subsanar con la normativa vigente”.

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