La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) presenta un documento de alegaciones a la consulta pública del proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) anunciado por el Ministerio de Sanidad. Todas las asociaciones territoriales de la sanidad privada en España lo han suscrito, alertando con ello de los perjuicios que conllevarían para la salud ciudadana el privar a la sanidad pública de la experiencia, capacidad, innovación y recursos del sector privado.
A partir del texto preliminar, ASPE considera que podría existir invasión de competencias autonómicas y no respetarse los principios constitucionales de eficiencia. Remarca que la gestión directa que alude el anteproyecto de ley sería, realmente, una intromisión en las competencias autonómicas. Defiende que son los gestores autonómicos los que deben valorar y optar por la gestión que mejor se adapte a sus necesidades.
“No resulta compatible con un sistema constitucional que descansa sobre la libertad de empresa y la economía de mercado”, indica la patronal
“La exposición de estos problemas viene precedida de un punto de partida que no resulta compatible con un sistema constitucional que descansa sobre la libertad de empresa y la economía de mercado, y que impone a la Administración la necesidad de ser eficiente”, alega ASPE.
Así, la patronal rebate la afirmación contenida en el proyecto acerca de que la gestión indirecta, incluida en las fórmulas de colaboración público-privada previstas en la Ley 14/1986, General de Sanidad, y en la Ley 15/1997, sobre nuevas formas de gestión del SNS, da entrada a lógicas de funcionamiento relacionadas con los beneficios empresariales, destacando que la única lógica que guía el buen funcionamiento del sistema sanitario es “la atención eficiente a los pacientes”.
Destaca, además, el “grave error” que conllevaría limitar los conciertos sanitarios o de modelos concesionales, ya que esto privaría al sistema público del acceso a la “experiencia, capacidad técnica, innovación y recursos” que el sector privado pone a su disposición. Así, estima la colaboración público-privada como garante de la sostenibilidad del sistema.
Por otra parte, ASPE desmiente que la gestión indirecta suponga una pérdida de control en la gestión del servicio público por parte de la Administración, ya que “todas las fórmulas de colaboración incluyen importantes facultades de control” por parte de las administraciones competentes.
Respetar los acuerdos firmados no conllevaría un “blindaje”
Asimismo, la patronal defiende que respetar los acuerdos firmados no conllevaría un “blindaje” y que no se diferencia de las relaciones contractuales que también mantienen los hospitales de gestión directa con otros proveedores. Además, desmiente que la gestión directa suponga la creación de sistemas paralelos de derivación, pues señala que la concertación o concesión no priva a la Administración de derivar a los pacientes entre hospitales de su red, puesto que la gestión del sistema sigue siendo su competencia.
A su vez, ASPE destaca que la gestión indirecta no supone de ninguna manera la falta de transparencia en la liquidación de los pagos a las empresas prestatarias por parte de las administraciones, puesto que están regulados en los contratos y convenios y sometidos a todos los controles de legalidad y presupuestarios pertinentes.
Por tanto, para la patronal, algunos de los supuestos problemas que han justificado el trámite de esta Ley son inexistentes.
El sector privado, fundamental
En sus alegaciones, ASPE reivindica también el papel que desempeña el sector privado como garante de la sostenibilidad del SNS. Defiende que “el sistema sanitario actual solo puede entenderse como la conjunción de lo público y lo privado, con todos sus recursos integrados y coordinados” y que eliminar esta colaboración “afectaría negativamente a la capacidad de respuesta del sistema y a la accesibilidad a los servicios sanitarios por parte de los pacientes”.
ASPE, además, expone los numerosos datos y ejemplos que muestran la eficiencia de la colaboración en materia sanitaria en cuestiones como la satisfacción de los pacientes o la reducción de listas de espera. Pone como ejemplo el caso de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid con gestión indirecta, que cuentan con indicadores de satisfacción del paciente superiores a la media, según un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid.
