Redacción
El Gobierno ha aprobado una modificación del Real Decreto para ampliar la subvención para crear por segundo año consecutivo plazas para estudiantes de Medicina en las facultades, con el fin de que se pongan a disposición el próximo curso más de 270 nuevas plazas en los grados de Medicina.
La ministra Mónica García ha informado de esta medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, puntualizando que la suma de la ampliación de plazas que el Gobierno subvencionó en el curso pasado, con las que ahora se añaden, incrementan la oferta educativa de Medicina en 900 plazas. García ha señalado que el año pasado se ampliaron 626 plazas (según esta cifra, este año se ampliarán hasta 274), cuando Sanidad destinó 49,9 millones de euros para que las facultades de Medicina pudieran hacer frente al coste de la ampliación de su oferta.
El Gobierno ha aprobado una modificación del Real Decreto para subvencionar la creación de plazas para estudiantes de Medicina en las facultades
“Es una de las medidas para paliar la falta de profesionales en la que el Gobierno de España lleva ya tiempo trabajando”, ha afirmado García. “Es el segundo año que, a través de presupuestos del Estado se pone dinero para que las facultades de medicina amplíen sus plazas”. La medida, ha dicho, se hace en paralelo al aumento de plazas de Formación Sanitaria Especializada para nuevos MIR que lleva haciendo Sanidad desde 2018.
No es la única medida aprobada en materia de Sanidad, que ha copado parte del protagonismo de las decisiones que este martes ha tomado el Consejo de Ministros. El ejecutivo ha dado luz verde al anteproyecto de ley que reformará varias normativas para “consolidar la equidad y la cohesión” del Sistema Nacional de Salud y ha aprobado el Real Decreto para crear y regular la Red Estatal de Vigilancia de Salud Pública, que incluye el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida. También han dado el visto bueno a una partida de 68 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas para ampliar la cartera de servicios de salud bucodental.
La suma de la ampliación de plazas del Grado de Medicina del curso pasado y la que se podrá hacer este próximo curso sitúa en 900 las nuevas plazas para estudiantes en las facultades
Iniciativa legislativa de equidad y cohesión
La ministra Mónica García ha explicado la aprobación del anteproyecto en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde ha señalado que esta iniciativa legislativa tratará de establecer medidas para garantizar la igualdad en el acceso a la salud y reforzar la cooperación entre las diferentes estructuras sanitarias. Para conseguirlo, el anteproyecto incluye la reforma de varias normativas.
Entre ellas, la obligatoriedad de evaluar el impacto en salud y sus determinantes en las Memorias del Análisis de Impacto Normativo (MAIN) de todas las normas que afecten a sectores clave como vivienda, educación, medio ambiente, transporte, entre otros. De esta forma, se involucra a otros ministerios y consejerías que no sean las de sanidad en objetivos de salud.
El anteproyecto de ley de equidad incluye la la obligatoriedad de evaluar el impacto en salud y sus determinantes en todas las normas que afecten a vivienda, educación, medio ambiente y transporte, entre otros
“La salud depende, por supuesto, de la sanidad, pero también de los determinantes sociales de la salud, como la vivienda, la educación y la salud laboral. Ahora, las normativas tienen que ir con un impacto en salud”, ha asegurado Mónica García.
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y participación de pacientes
Otro de los aspectos significativos de esta aprobación reside en que el documento autoriza la creación del Consorcio de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias “para fortalecer la capacidad de evaluación y liderazgo en proyectos nacionales e internacionales”.
Por otro lado, el proyecto regula la participación de los pacientes de manera “estable y permanente” en el Sistema Nacional de Salud (SNS) a través de la creación del Foro Abierto de Salud, “una demanda histórica de los pacientes”, tal y como ha recordado García. Se trata de un órgano de asesoramiento permanente que incorporará la voz de pacientes, personas con discapacidad, ciudadanía y profesionales para formular propuestas sobre el funcionamiento del SNS.
El documento autoriza la creación del Consorcio de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
El documento también recoge una homogenización de exenciones. Es decir, se igualan las exenciones de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica y ortoprotésica, y recoge la modificación de la normativa del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) para desarrollar las reglas de compensación por el desplazamiento de pacientes en el territorio nacional. Por último, se establecen las condiciones generales para el acceso y tratamiento de datos en el ámbito sanitario con fines de planificación, gestión, evaluación e investigación.
Llega la Red Estatal de Vigilancia de Salud Pública
Es una de las medidas que se han acelerado a raíz de la pandemia de Covid-19. Una estructura en red que define las funciones y el proceso para designar los laboratorios nacionales de referencia que colaborarán con esta Red y que incluye el nuevo Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida.
Su objetivo principal es proporcionar información “relevante y oportuna” a los profesionales sanitarios, al SNS y a la ciudadanía en general. Para ello, amplía el alcance de la vigilancia en salud pública, de forma que abarcará no solo las enfermedades transmisibles, sino también otros factores que influyen en el bienestar, la morbilidad y la mortalidad de la población.
La nueva red es una de las medidas que se han acelerado a raíz de la pandemia de Covid-19 e incluye el nuevo Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida
En este punto, la ministra se ha detenido a agradecer “su trabajo concienzudo” al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, que ha estado “detrás” de este Real Decreto, “pendiente desde el año 2011”.
Los laboratorios de referencia de la Red deben garantizar el cumplimiento, en su área específica, de los requerimientos establecidos para cada sistema de vigilancia y específicamente en sus protocolos, trabajando de forma coordinada con la unidad central y con las unidades autonómicas del sistema de vigilancia correspondiente.
La Red va a contar, en principio, con cinco sistemas de vigilancia, aunque el Gobierno podrá ampliar su número a propuesta del Comité de Gestión de la Red y previo informe de la Comisión de Salud Pública. Estos son: Sistemas de vigilancia de las enfermedades no transmisibles (que incluirán el Sistema de Vigilancia de Cáncer); Sistema de Vigilancia de las Enfermedades Transmisibles (incluyendo las resistencias a los antimicrobianos y las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria); Sistema de Vigilancia en Salud Laboral; Sistema de Vigilancia en Salud Ambiental y Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida.
Respuesta rápida y coordinada ante amenazas para la salud
El objetivo del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida es garantizar una detección precoz y una respuesta rápida, oportuna y coordinada ante amenazas que supongan o puedan suponer un riesgo para la salud de la población a nivel nacional o internacional.
Cualquier evento objeto de vigilancia se comunicarán al Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida, en un plazo inferior a 24 horas desde su identificación
Cualquier evento objeto de vigilancia se comunicarán al Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida, en un plazo inferior a 24 horas desde su identificación. Serán determinados eventos que puedan constituir un riesgo de salud pública a nivel nacional o internacional. Por ejemplo, por ejemplo, cualquier incidencia de tipo catastrófico que afecte o pueda afectar a la salud de una comunidad, explican desde Sanidad.
Por último, en el marco de este Real Decreto, se crea el Sistema de Información de Vacunaciones e Inmunizaciones dependiente del Ministerio de Sanidad, con la finalidad de recoger la información de las vacunaciones e inmunizaciones de todas las personas que residen en España, cuyo funcionamiento se desarrollará reglamentariamente.
Las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, así como el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Defensa, estarán obligados en el ámbito de sus competencias a proporcionar la información contenida en este sistema estatal.
