Redacción
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) ha enviado un escrito a Mónica García, ministra de Sanidad, con copia a la directora de la Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), solicitando el cese inmediato en la comercialización, en farmacias, parafarmacias y por internet, del producto sanitario “férulas de descarga” (ortosis oclusal), sin ningún tipo de supervisión sanitaria por parte de odontólogos.
Este tipo de productos tienen como finalidad el tratamiento de diversas patologías que, por su naturaleza y finalidad, deberían ser de los denominados a medida, lo que determina, primeramente, la exigencia de prescripción por parte de un odontólogo; segundo, que esté fabricado bajo unas características específicas de diseño y tercero, destinado a ser utilizado por un paciente determinado con el fin exclusivo de atender a su estado y necesidades particulares. “Siempre debería ser diagnosticado por un odontólogo y debería realizarse en un laboratorio de prótesis dental y acompañado de la correspondiente declaración de conformidad“, resaltan.
El COEM informa que pese a sus denuncias no ha recibido ningún tipo de respuesta ni ejecución de las medidas requeridas por parte de las instituciones competentes en la materia
Los productos que se comercializan libremente y directos al consumidor están fabricados en serie, lo que “impide cumplir con las garantías mínimas exigibles y generan un elevado riesgo“ para la salud de los pacientes.
El COEM considera que este asunto se está tratando con “cierta condescendencia” y restándole importancia, cuando en realidad es un producto muy sensible que puede provocar complicaciones a largo plazo en la salud del paciente. Por este motivo, lleva años alertando sobre estos riesgos y en 2019 se presentó un escrito a la Aemps, denuncia que se reiteró el pasado mes enero. Asimismo, se solicitó a la Comunidad de Madrid el cese de la publicidad de estos productos. Por el momento, no se ha recibido ningún tipo de respuesta ni ejecución de las medidas requeridas por parte de las instituciones competentes en la materia.
