Redacción
El Ministerio de Defensa ha justificado la privatización del Hospital militar de ChamberíHospital militar de ChamberíHospital militar de Chamberí, cedido al Grupo Quirón por 180 millones de euros. La ministra Margarita Robles sostiene que la concesión es la mejor opción, mientras entidades ciudadanas denuncian irregularidades en el proceso.
El Ministerio de Defensa ha defendido la polémica cesión del antiguo Hospital militar del Generalísimo Franco, situado en el distrito de Chamberí, al grupo sanitario Quirón. La privatización, que permitirá la explotación del complejo hospitalario de más de 24.000 metros cuadrados por parte de la Fundación Jiménez Díaz, costará 180 millones de euros y tendrá una duración de 75 años.
La privatización costará 180 millones de euros y tendrá una duración de 75 años
La ministra de Defensa, Margarita Robles, justificó la decisión al afirmar que “la concesión demanial es la figura más idónea”, ya que permite el uso privativo de bienes de dominio público, manteniendo la propiedad estatal del inmueble.
En una respuesta escrita al partido Sumar, Robles indicó que el Ministerio evaluó diversas alternativas antes de optar por esta fórmula, considerada la más adecuada bajo la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Acusan a Defensa de posibles irregularidades en el proceso
Sin embargo, la adjudicación ha suscitado críticas y denuncias. Las entidades Auditoria Ciudadana de la Deuda en Sanidad y la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid en defensa de la Sanidad Pública presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado 28 de junio. Acusan a Defensa de posibles irregularidades en el proceso, incluyendo una contraprestación “inusualmente baja” y una justificación del concurso público que califican de “vaga y genérica”.
Además de los 180 millones de euros, el concesionario deberá construir un aparcamiento subterráneo con 9.513 metros cuadrados distribuidos en tres niveles. Un tercio de las plazas de este aparcamiento estará reservado para el Ministerio de Defensa. También se prohíbe al concesionario ceder o arrendar las instalaciones sin autorización del Ministerio.
En su defensa, Robles señaló que la cesión permitirá un uso sanitario y docente del inmueble, en línea con el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Además, subrayó que el proceso de adjudicación se llevó a cabo con “transparencia” y que la cesión contribuye a los objetivos del Ministerio de Defensa al mantener las instalaciones en buen estado.
No obstante, la controversia se intensifica por las críticas de entidades ciudadanas, que argumentan que el acuerdo podría resultar en una pérdida significativa para el erario público a largo plazo. Además, señalan la falta de detalles específicos sobre los servicios que la concesionaria podrá subcontratar y las condiciones de estos acuerdos, lo que podría permitir una gestión poco controlada del edificio durante los próximos 75 años.
