J. L. G.
El Congreso de los Diputados dijo este martes no a los objetivos de deuda y déficit propuestos por el Gobierno para el periodo 2025-2027 como paso previo para la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2025. Los 178 votos en contra (PP, Vox y Junts) retrasarán, por tanto (y hasta otra próxima sesión, aún sin definir), el intento del Ejecutivo para recabar los apoyos necesarios y así sacar adelante la senda de estabilidad, que previsiblemente aumentaría un 3,2% el techo de gasto, es decir, el dinero destinado a gasto social, respecto al recogido en los PGE vigentes, los prorrogados del año 2023.
En términos absolutos se traduce en que quedan en el limbo unos 6.000 millones de euros dedicados a Educación, Sanidad y otros servicios públicos. A su vez, repercute en que otros 7.500 millones tampoco acabarán llegando a las comunidades autónomas, según los cálculos del Ministerio de Hacienda. Según detalla la Cadena SER, las regiones más afectadas son la Comunidad de Madrid, que dejará de percibir 1.583 millones, Cataluña, que pierde 1.543 millones de euros, y Andalucía, a la que repercutirían 1.090 millones de euros.
Si se toma como referencia que, de media, las autonomías suelen destinar alrededor de un 40% de su presupuesto a sanidad, Madrid se quedaría sin 633,2 millones extra de gasto para tal fin; Cataluña, 617,2 millones y Andalucía, 436 millones.
Las estimaciones de Hacienda reflejan que, de no salir adelante esta propuesta de presupuestos, se quedarían sin repartir unos 6.000 millones de euros a gasto social, incluido Sanidad, y 7.500 millones extras a las comunidades
Esto se debe a que la nueva propuesta es más flexible en cuanto al gasto de las autonomías: los gobiernos regionales tendrían hasta dos décimas más de margen de gasto. Si en los PGE actuales se prevé que el cierre de 2025 y 2026 debía ser de un superávit del 0,1%, la nueva senda rechazada establecía un déficit del 0,1%. Lo mismo pasaría en las corporaciones locales, que de prorrogarse los límites económicos tendrían una décima menos para gastar en 2025, y dos menos para 2026. En el caso del Estado, el déficit podría alcanzar hasta el 2,2% para el año que viene; e instituciones como la Seguridad Social, una variación negativa de dos décimas. En cuanto a la ratio de deuda, debería bajar del 100% (en 2023 cerró en el 107,7% del PIB) del periodo estipulado.
Tal y como contempla el texto aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros y rechazado en votación en el pleno del Parlamento, se distinguen dos techos de gasto: el límite de gasto no financiero ‘nacional’, que asciende a 195.353 millones de euros; y el gasto no financiero (donde se incluye el asociado al PRTR con fondos europeos, 3.818 millones), por valor de 199.171 millones.
En cuanto a la deuda de las administraciones públicas, los objetivos de senda contemplan un tope del 2,5% del PIB en 2025 (mientras que para este año se alcanzaría un 3%); el 2,1% en 2026 y el 1,8% en 2027.
