J. L. G.
La inversión de las comunidades autónomas destinada a la sanidad pública crece, pero no consigue compensar la inflación que se ha dado en atención primaria ni en farmacia. Esta es una de las principales conclusiones que se pueden extraer de un informe elaborado por el Dr. Vicente Matas, coordinador jubilado del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada (Simeg), que examina las diferencias entre regiones durante cuatro años: 2009, 2014, 2018 y 2022.
Así, en el periodo comprendido entre 2009 y 2022 se dio una inflación acumulada del 28,9%, superior a la inversión sanitaria pública por habitante, que se quedó en un 22,70% (327,28 euros). Más si cabe que lo destinado a atención primaria, un 22,36% (46,22 euros) o farmacia, un 9,54% (27,44 euros). En el otro extremo, han sido superiores en lo destinado a los hospitales, un 30,23% (249,26 euros) y a la remuneración del personal, con un 30,88% (202,41 euros), en este caso derivado del aumento de las plantillas, en especial enfermería. Por lo tanto, matiza el autor, no es consecuencia de un incremento en los salarios, “que han perdido mucho poder adquisitivo, especialmente en el caso de los facultativos” por los recortes progresivos de estos años.
Por todo lo anterior, el Dr. Matas concluye que el impacto de los recortes “significativos” realizados en 2010 y 2012 como consecuencia de la crisis económica afectaron “desproporcionadamente al personal médico”. Las medidas redujeron entre un 10% y un 12% de los profesionales, tasa más alta que la de otras categorías profesionales.
El Dr. Vicente Matas señala en su informe que el impacto de los recortes “significativos” realizados en 2010 y 2012 como consecuencia de la crisis económica afectaron “desproporcionadamente al personal médico”
El propio informe recoge que los sucesivos incrementos salariales han sido “insuficientes” hasta tal punto que no han compensado la pérdida de poder adquisitivo. En especial, el médico jubilado destaca que atención primaria necesita “un incremento presupuestario significativo” para poder ofrecer una “atención de calidad y equitativa” a la población.
En términos concretos, mientras en 2009 se invertían de media unos 1.441,72 euros por habitante, en 2014 esta descendió a los 1.285,63 euros. Para, luego, volver a subir en 2018 hasta los 1.459,96 euros y llegar a un tope de 1.769 euros por habitante en 2022. En total, una diferencia positiva de 327,28 euros de inversión que, no obstante, no ha supuesto la mejora en las condiciones laborales del personal sanitario.
De todo ello se deriva, a juicio del Dr. Matas, que “sería necesaria una financiación finalista de la Sanidad Pública con criterios objetivos para garantizar un derecho a la protección de la salud igual para todos los ciudadanos, independientemente del lugar de residencia”.
Diferencias de gasto en sanidad entre autonomías
Si ya en el conjunto se aprecian diferencias, los datos desglosados muestran una brecha importante entre comunidades. De tal forma que, en los años analizados, las diferencias entre regiones han aumentado en todos los aspectos analizados (primaria, hospitales, farmacia, conciertos y remuneración del personal).
Se dan, así, una serie de patrones: Andalucía es, por regla general, una de las comunidades con menor inversión por habitante (1.306,36 euros), y el País Vasco, por el contrario, es una de las que más gasto destina a tal fin (1.690,55 euros). En determinados parámetros aparecen Extremadura y Navarra con buenas posiciones en diversas categorías; y Madrid y Baleares, en la parte baja del listado en ciertos puntos analizados.
“Las diferencias entre el máximo y el mínimo por comunidades autónomas se han incrementado en todos los apartados estudiados y muy posiblemente en el futuro seguirán aumentando, siendo ya muy importantes”, escribe el Dr. Matas.
