Redacción
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, volvió este martes a reabrir el polémico tema de la subida del IVA a la sanidad privada. “Hay una gran tarea pendiente. Una reforma integral de los ingresos públicos en nuestro país […] Este debate va de por qué la sanidad privada tributa al 0% en el IVA. Este debate va sobre servicios públicos, va de elementos muy importantes”, aseguró durante una rueda de prensa este martes al término del Consejo de Ministros.
Y las reacciones por parte del sector no se han hecho esperar. La Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid (Achpm) ha respondido a través de un comunicado a Díaz, cuestionando que la puesta en marcha de esa medida. Para empezar, según señalan, porque la tributación del 0% del IVA es una “afirmación ambigua”, ya que hay que tener en cuenta que materiales, servicios y demás requisitos contratados para el funcionamiento de la sanidad privada “tienen el tipo impositivo general”.
Si se subiese el IVA a la sanidad privada, “la población y las empresas españolas estarían en desigualdad de condiciones frente a otros países europeos que también contemplan la exención de la sanidad y la educación”, según la Achpm
Díaz dejó caer, en respuesta a preguntas de un periodista, que la asistencia sanitaria privada debería ser considerada un lujo. Entre las explicaciones que dio, mencionó que sería similar a tener “un yate”, lo que para la Achpm “no puede entenderse que sea un concepto comparable a un artículo de lujo” ya que en España 12,4 millones de personas cuentan con algún tipo de seguro sanitario privado, que conlleva un tipo general de IVA al contratarlo.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya evaluó en un informe, que sirvió de referencia al Gobierno, que el impacto de subir el IVA a sanidad y educación privadas rondaría los 3.500 millones de euros. En dicho documento, la Airef recordó que esta exención general del IVA para la sanidad y educación privadas “está reconocida desde 1985, año en el que este impuesto se implantó en España”.
Al mismo tiempo, la Achpm advierte que, si se cambiara este tipo impositivo, “la población y las empresas españolas estarían en desigualdad de condiciones frente a otros países europeos que también contemplan la exención de la sanidad y la educación”.
Achpm: Lo recaudado por el IVA no compensaría el gasto generado
El comunicado también subraya que, de producirse esa subida del IVA sanitario, los ingresos repercutidos para las arcas del Estado “pronto quedaría compensados por un mayor gasto sanitario”. Costes que acabarían cubriendo “en mayor o menor medida” los pacientes y que, debido al encarecimiento, “miles de personas dejarían de acudir a estos servicios para ser atendidos sólo en la pública, lo que implicaría una sobrecarga del sistema”.
Para ilustrarlo, la asociación que representa al sector privado en la Comunidad de Madrid señala que la sanidad privada “asume el 31 % de los ingresos y de las altas realizadas, el 27 % de las estancias y el 37 % de las intervenciones quirúrgicas”. “Con un aumento impositivo, y atacando la colaboración público-privada, más de 2,6 millones de ciudadanos podrían quedar desatendidos”, alerta.
Juego político
Por todo lo anterior, desde la asociación creen que la vicepresidenta segunda del Gobierno “lanza este ‘globo sonda’ más para marcar un perfil propio de su formación política, Sumar, dentro del Gobierno, ya que su voz tiene cada vez menos fuerza”.
Le recuerdan a Díaz que, como ministra de Trabajo, “parece no haber pensado en los profesionales: médicos, enfermería, auxiliares, administrativos y otros trabajadores de la sanidad privada”. De ahí que le reprochen que “atacar a la privada es también poner en riesgo a muchas familias. Son los mismos trabajadores a los que en otras ocasiones la vicepresidenta ha dicho defender”.
Por último, desde la Achpm piden a la vicepresidenta segunda del Gobierno que reflexione sobre su propuesta. Y a la vicepresidenta primera, y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como al presidente, Pedro Sánchez, que “tengan en cuenta las recomendaciones de órganos como la Airef y piensen en el interés general antes de acometer reformas que repercuten de manera negativa en los ciudadanos”.
