Juan León García / Burgos
El proceso de audiencia pública del Real Decreto de regulación de la evaluación de tecnologías sanitarias sigue abierto y la patronal del sector, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), ya ha presentado sus alegaciones “genéricas”, según ha reconocido este viernes su secretario general, Pablo Crespo. Además, ha adelantado que se esperan reunir en las próximas semanas con el Ministerio de Sanidad para trasladarles in situ algunas de sus principales preocupaciones, como “la duplicidad de las evaluaciones” y la necesidad de agilizar el proceso para dotarlo de “predictibilidad”.
“Corre el riesgo de que sea un freno para la innovación”, ha advertido Crespo, que también ha identificado otros como la necesidad de que haya un cuerpo de profesionales capacitados para realizar dichas evaluaciones “al ritmo que avanza la tecnología”.
La fase de información pública estará abierta hasta dentro de una semana. El día 20 de septiembre se cerrará, tras algo más de un mes abierta. A partir de ese momento, comenzará el análisis y encaje de las propuestas y alegaciones presentadas dentro de la redacción del texto definitivo.
“Hace 18 años (desde 2006) que no se actualiza el catálogo de productos sanitarios y que no se puede incorporar innovación tecnológica a los productos sanitarios”
El marco legislativo del sector también vive esperando un cambio en la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Es, ha insistido el secretario general de Fenin, una normativa pensada para el sector farmacéutico. Por lo que celebra que Sanidad “quiera acometer esta reforma legislativa, pero es necesario que se materialice en una regulación totalmente diferenciada de la de medicamentos ya que nuestro sector es muy diferente, desde el punto de vista técnico y la naturaleza de los productos”.
“Hace 18 años (desde 2006) que no se actualiza el catálogo de productos sanitarios y que no se puede incorporar innovación tecnológica a los productos sanitarios que se dispensan en oficina de farmacia con receta, esto supone que se está poniendo a disposición de los pacientes españoles productos que en muchos países de Europa ya están descatalogados”, ha recordado Crespo.
Hasta tal punto que “ni siquiera una empresa pueda bajar el precio de sus productos por esta regulación”, que establece la determinación de unos márgenes muy centrados en el medicamento y no en el producto sanitario.
Ese nuevo horizonte legislativo ha de tejerse, destacan desde la federación, “desde el consenso y el diálogo” y con “visión estratégica”.
De la compra pública basada en precio a la de calidad
Otro freno a la llegada e incorporación de tecnologías sanitarias está en el actual modelo de compra pública. Un proceso eminentemente basado en el precio, criterio que más pondera, respecto a otros elementos que quedan en un segundo plano y, recalcan desde Fenin, tienen una importancia si no mayor, al menos igual. Dichos criterios deberían permitir adquirir productos más sostenibles para el sistema sanitario, y fiables, con el fin de optimizar gastos.
En especial cuando, recuerda Crespo, alrededor del 40% del presupuesto de las administraciones se dedica a sanidad. Una encrucijada marcada por la “visión cortoplacista” que choca de frente con la necesidad de realizar inversiones a medio y largo plazo (entre los 5 y los 10 años).
A esto, se suma la reclamación desde el sector para reducir el IVA de los productos sanitarios, actualmente en el 21% y tributando igual que “un producto de lujo”. A pesar de que desde abril de 2022 la Unión Europea (UE) modificó la directa para permitir la reducción de este impuesto directo. De aplicar el tipo súper reducido se conseguiría, según estimaciones de la patronal, liberar “más de mil millones de euros” destinados a invertir en la incorporación de innovación.
Crespo ha mostrado la magnitud del desarrollo de tecnologías punteras: “Registramos una patente en Europa de tecnología sanitaria cada 30 minutos”. Pero, para que esta pueda materializarse en el Sistema Nacional de Salud (SNS) será fundamental acometer medidas como “un marco regulatorio estable; ofrecer ayudas y ventajas fiscales a las compañías o permitir el acceso al talento”, ha enumerado algunas.
