J.P.R.
La incorporación del término valor social del medicamento destaca entre las alegaciones que la patronal Farmaindustria ha presentado al proyecto de Real Decreto por el que se regula la evaluación de tecnologías sanitarias. El documento presentado por Farmaindustria se divide en 10 grandes bloques y parte del objetivo de analizar no solo el impacto de los fármacos sobre la salud, sino también sobre el sistema sanitario en términos de ahorro, crecimiento económico y empleo.
El director general de Farmaindustria, Juan Yermo, ya había adelantado esta demanda en una jornada informativa en el Ministerio de Sanidad. “En España no tenemos un proceso y una metodología claros y es una parte esencial porque al fin y al cabo es la perspectiva del valor social del medicamento”, subrayó. Yermo ponía el énfasis en la necesidad de que la nueva normativa ponga fin a reevalaciones ineficentes y permita “un acceso más temprano y equitativo”.
La organización considera esencial que, a la hora de evaluar nuevas tecnologías sanitarias, se incluyan los beneficios que estos medicamentos pueden tener en la mejora de la calidad de vida de los pacientes, su repercusión en la sociedad y la sostenibilidad del sistema sanitario. “En la parte no económica y no clínica hay un universo por explorar”, insistió el director general de Farmaindustria que expresó la necesidad de reflejar “esos criterios éticos, sociales y organizativos”.
Yermo: “En España no tenemos un proceso y una metodología claros y es una parte esencial porque al fin y al cabo es la perspectiva del valor social del medicamento”
Farmaindustria aboga por sustituir el término “posicionamiento” por “valoración final desde la perspectiva social”. Esta propuesta de cambio surge como consecuencia de la sentencia de la Audiencia Nacional que interpretó que los informes de posicionamiento se basan únicamente en criterios científicos, y no incluyen los aspectos económicos.
La patronal cuestiona en sus alegaciones la composición y denominación del Grupo de posicionamiento, que propone renombrar como Grupo de recomendaciones para la inclusión en la prestación. Según sus alegaciones, la estructura del grupo debería reflejar la composición institucional de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) e incluir un mayor número de representantes de profesionales sanitarios y de organizaciones de pacientes, con tres y dos miembros, respectivamente.
Yermo insistía en la jornada del Ministerio en que el grupo de posicionamiento “encajaría” mejor en el Real Decreto de precio y financiación en que está trabajando en la actualidad Sanidad. En esta línea, incidía en la necesidad de “separación de la evaluación de la toma de decisiones”.
Farmaindustria apuesta por desligar la evaluación de la toma de decisiones en normativas diferentes
Además, la organización propone la inclusión de representantes de la industria, tanto de medicamentos innovadores como de tecnologías sanitarias en el Consejo de Gobernanza. Farmaindustria subraya la importancia de garantizar una representación adecuada de las empresas que “tiene un mejor conocimiento de todo el proceso”. En sus alegaciones, pide también la elevación de representantes de departamentos ministeriales.
Otro de los puntos clave en las alegaciones es la necesidad de establecer plazos claros para la emisión de los informes de evaluación. Farmaindustria sugiere que el plazo comience con la comunicación de la opinión positiva del CHMP o de la autorización correspondiente, y que cualquier ampliación del plazo por petición de información adicional no exceda los 30 días.
Asimismo, la patronal hace hincapié en la importancia de garantizar la confidencialidad de los datos proporcionados por las empresas y de asegurar el derecho de los desarrolladores a ser escuchados antes de que se emitan las recomendaciones definitivas.
