Redacción
El sistema de mutualidades que cubre la sanidad de funcionarios del Estado, a través de Muface, Isfas y Mugeju, enfrenta una situación crítica por su infrafinanciación, lo que podría llevar a una crisis en el sistema sanitario público. El reciente informe de Fundación IDIS, Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario, destaca que, si no se ajustan las primas para garantizar la sostenibilidad del modelo, el trasvase de más de 168.000 mutualistas a la sanidad pública podría elevar el gasto público en más de 1.214 millones de euros anuales.
Este problema surge de la disparidad entre la financiación pública por persona y la destinada a las mutualidades. Mientras la cápita pública por persona ha crecido un 53% en los últimos diez años, alcanzando los 1.736 euros, la destinada a las mutualidades solo ha aumentado un 32%, situándose en 1.013 euros. Esta diferencia genera pérdidas de alrededor de 200 millones de euros anuales para las aseguradoras que gestionan este sistema, a pesar del esfuerzo de los proveedores por ajustar sus tarifas.
El informe advierte que la falta de acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras para renovar este modelo, cuyo contrato expira en diciembre de 2024, podría tener consecuencias devastadoras. La sanidad pública tendría que absorber a estos asegurados, lo que incrementaría en un 266% las listas de espera para consultas externas y en un 115% para cirugías. Además, se estima que la atención primaria recibiría 5 millones de visitas adicionales, lo que supondría un aumento del 2% a nivel nacional.
Si la sanidad pública tuviera que acoger a los mutualistas, las listas de espera aumentarían en un 266%
Las comunidades autónomas con altas tasas de mutualistas, como Murcia, Cantabria, Castilla y León, y La Rioja, serían las más afectadas, pudiendo llegar al colapso debido al aumento de la presión asistencial. A nivel nacional, el sistema público necesitaría añadir casi 4.000 camas, lo que representaría un incremento del 38% en su capacidad hospitalaria actual.
El informe de la Fundación IDIS también destaca el impacto económico en el sector privado. Se prevé que la desaparición del modelo mutualista provocaría la pérdida de más de 13.000 empleos en sanidad privada y el cierre de varios centros hospitalarios en algunas provincias, lo que afectaría gravemente la oferta asistencial.
Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, subrayó la importancia de garantizar la viabilidad de este sistema mediante un ajuste en las primas. “La continuidad del modelo mutualista es esencial para evitar una crisis en la sanidad pública y preservar la oferta privada, que es fundamental para la sostenibilidad del sistema sanitario español”, afirmó.
La Fundación IDIS insta a la Administración a adaptar las primas del modelo de mutualidades para asegurar que las aseguradoras puedan cubrir los costes de manera equilibrada y sostenible, garantizando así el acceso a la sanidad de los funcionarios y evitando una posible sobrecarga en el sistema público.
