Redacción
El Ministerio de Sanidad, con Mónica García al frente, ha anunciado un nuevo protocolo con el objetivo de registrar a los médicos objetores al aborto. La ministra ha asegurado que este registro pretende asegurar el cumplimiento del derecho al aborto en todas las comunidades autónomas. Han sido declaraciones realizadas por la ministra durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.
Mónica García ha asegurado que el registro de objetores pretende asegurar el cumplimiento del derecho aborto en todas las comunidades autónomas
La ministra ha afirmado que “en los próximos días presentaremos a las comunidades autónomas un borrador de protocolo para el registro de objetores al aborto”. Para ella, el fin es que “ninguna región se ampare en vacíos legales para impedir la interrupción legal del embarazo en la sanidad pública“. El protocolo se discutirá con las comunidades autónomas, y el Ministerio de Sanidad trabajará de manera conjunta con ellas para su implementación. García ha explicado que el propósito es “cumplir con la ley y garantizar que el acceso al aborto sea uniforme en todas las regiones”.
El anuncio de este nuevo protocolo está alineado con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Su objetivo es garantizar el acceso a este derecho en todo el territorio español. Mónica García ha subrayado que este registro es una herramienta clave para evitar que la objeción de conciencia de los profesionales médicos impida a las mujeres acceder a una interrupción legal y segura del embarazo.
García ha advertido del retroceso que suponen algunas voces contrarias a este derecho. “Estamos viendo cómo muchas voces quieren llevarnos a tiempos pretéritos“, ha asegurado enfatizando que el aborto libre y seguro es un derecho fundamental. Ha insistido en que es un derecho ya conquistado por las mujeres.
El Ministerio quiere este registro para evitar que la objeción de conciencia de los profesionales médicos impida a las mujeres acceder al aborto
La creación de este registro es una medida para proteger ese derecho y evitar que las decisiones personales de los profesionales médicos obstaculicen el acceso de las mujeres a un aborto seguro. De este modo, el Gobierno reafirma su compromiso con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Misma senda que Más Madrid
Más Madrid también ha reclamado este registro de objetores de conciencia del aborto. Ha acusado a la Comunidad de Madrid de amparar el bloqueo de las interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública. Considera que es “prácticamente imposible” acceder al aborto en la región por los tiempos de espera, la “falta de agendas especializadas” o por las “objeciones en bloque e realizadas por los servicios, ignorando que la objeción de conciencia siempre es una decisión individual, y no de las instituciones“.
Tras garantizar que se dispensa este servicio, Más Madrid ha pedido que los abortos se practiquen en los centros sanitarios públicos. Además, quieren que se trabaje para asegurar que en los centros habilitados se haya eliminado el “período de tres días de reflexión”. Por último, el partido de Mónica García quiere el aborto farmacológico en las semanas de gestación en las que está indicado.
