ASPE arremete contra el Gobierno por buscar el “fin deliberado” del modelo Muface

“La intención de Sanidad es clara: incorporar a todos los funcionarios al régimen general, lo que conduce al colapso definitivo e irresponsable de la sanidad pública”, advierte la patronal en un comunicado

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Redacción
El Gobierno contra todos por Muface. Primero ha sido el principal sindicato de funcionarios, CSIF, y ahora la patronal, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), quienes han salido en tromba contra la posibilidad de que ninguna prestataria de servicios sanitarios concurra al concierto que se ha de renegociar en estas fechas y que, de seguir así, anticiparía la desaparición del modelo mutualista “de forma radical a partir del 1 de enero de 2025”.

“El fin del modelo Muface y la migración de 1,5 millones de funcionarios al régimen general de la sanidad pública está firmado en los despachos del Gobierno de coalición”, critica ASPE. Al respecto, añade que ya desde hace tiempo el Ministerio de Sanidad lleva allanando el terreno para “avalar así la migración” de los empleados públicos, y hacen referencia a las palabras del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien habló de que “los mutualistas no tienen una alta complejidad de cuidados crónicos”.

De desaparecer Muface, supondría que de golpe el 1 de enero, 1,2 millones de personas (el 78% del total de los empleados públicos) pasarían a recibir una asistencia pública

No obstante, desde la patronal le recuerdan que la edad media de los beneficiarios ha crecido un 7% en una década, según recoge uno de los informes de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y ASPE. Es decir, se situaba en los 57,8 años en 2022, “una edad de prevalencia de enfermedades crónicas en aumento”. En 2013, la media de edad era de 54,2 años. En línea con dicho informe “el incremento en la edad de los mutualistas está relacionado directamente con el incremento de la siniestralidad. La edad es un factor determinante en la aparición de patologías y, como consecuencia, en el incremento de las necesidades de atención sanitaria”.

De hacerse realidad el fin del sistema mutualista de los funcionarios, supondría que de golpe el 1 de enero, 1,2 millones de personas (el 78% del total de los empleados públicos) pasarían a recibir una asistencia pública.

Oferta remunerativa insuficiente

Desde ASPE reprochan al Gobierno la oferta propuesta de subir un 14% la cuantía de las primas en un sistema que, anualmente, genera pérdidas de 200 millones de euros. Por este motivo, creen que el Ejecutivo “busca de forma deliberada que la responsabilidad del fin de Muface recaiga en el sector sanitario privado, que no aceptaría unas condiciones exiguas para no prestar un servicio asistencial sin la calidad adecuada”.

No es el único agente que se ha mostrado en contra. Las propias aseguradoras también han manifestado su descontento. En mayo, el presidente de Grupo Mutua, Ignacio Garralda, adelantaba que sería “muy difícil” que Adeslas acudiera a la licitación del concierto si no se mejoraban de forma “muy notable” las condiciones económicas.

Aceptar dichas condiciones supondría, alerta la patronal, que el cuadro médico fuese “insuficiente” y la calidad asistencial se viera “perjudicada” así como el servicio, que sería “deficitario” ante la cronicidad y la alta frecuentación en la asistencia médica de los funcionarios.

La infrafinanciación del sistema Muface ha derivado en que las aseguradoras seleccionen de forma “más restrictiva” sus cuadros médicos o que, directamente, algunos prestadores renuncien a seguir ofreciendo servicios, denuncia ASPE

El incremento de la prima por parte de MUFACE debe ir dirigido a garantizar un cuadro médico completo en todo el territorio nacional y que los mutualistas reciban un servicio de calidad con acceso efectivo a todos los servicios y especialidades”, ha señalado Carlos Rus, presidente de ASPE.

E insisten en que si el nuevo acuerdo para el bienio 2025-2026 no implica un incremento “significativo” de la prima que garantice la “plena accesibilidad” de los mutualistas a todos los servicios sanitarios en todo el territorio, y que a la vez remunere a la provisión sanitaria “de forma suficiente para no caer en pérdidas” al ofrecer dicha prestación, “no existe posibilidad de renovación del acuerdo”.

Desde ASPE recuerdan que la financiación insuficiente ya existente durante los últimos años ha generado “una situación insostenible, afectando la accesibilidad del mutualista a la atención sanitaria y provocando mayores tiempos de espera”. Los motivos son, o que las aseguradores han seleccionado de forma “más restrictiva” sus cuadros médicos, o que algunos prestadores se han visto obligados a no continuar ofreciendo el servicio por las tarifas actuales. “El potencial incremento de la prima debería servir para reconducir ambas situaciones”, según ASPE.

“Colapso total” de la pública

ASPE considera que la propuesta de incrementar un 14% la prima de MUFACE es completamente insuficiente y subraya la necesidad de equiparar la prima del mutualista con el gasto sanitario real por ciudadano, que se sitúa en 1.608 euros, para poder garantizar la sostenibilidad del sistema.

Según el citado informe de la UCM, el modelo actual de Muface ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año y su desaparición supondría para la sanidad pública un impacto económico de más de mil millones de euros al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas, además de provocar un incremento en las listas de espera del 266% para consulta externa y del 115% para una intervención quirúrgica.

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