Juan Pablo Ramírez. Director de iSanidad
Amenaza y oportunidad. Tras la publicación del borrador del real decreto de evaluación de tecnología sanitaria, el valor social del medicamento ha estado muy presente durante este último mes en la cabeza de los representantes de las administraciones públicas, de la industria farmacéutica y tecnológica así como de los pacientes.
La necesidad de evaluar la innovación farmacéutica y tecnológica viene de antiguo y se percibe desde el sector como una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro sistema sanitario. Existe el miedo a que el decreto no acabe con las continuas reevaluaciones y se eternice aún más el acceso a la innovación en nuestro país.
Pero el real decreto debería acabar con estos problemas.
El Ministerio de Sanidad cuenta ya con las alegaciones al proyecto de Real Decreto para la evaluación de las tecnologías sanitarias y está previsto que informe a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de este viernes. La otra industria farmacéutica ha puesto el foco en estos dos últimos meses en una dimensión completamente diferente: el valor social del medicamento.
El valor social del medicamento va más allá de la evaluación puramente económica y clínica
Se trata de ir más allá de la evaluación puramente económica y clínica. Sirva como ejemplo la pandemia. Las vacunas contra el Covid-19 permitieron que la población española pudiera incorporarse otra vez a sus quehaceres diarios. Eso ocurre día tras día hoy con otras patologías como el cáncer, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide o la psoriasis gracias a la innovación.
Esta medición desde la perspectiva social implica analizar aspectos relacionados con la calidad de vida de los pacientes, el menor consumo hospitalario y de atención primaria, su posible reincorporación al mercado laboral, la economía de las familias y también el impacto en el PIB español y europeo o el retorno a la sociedad. El proceso de investigación, desarrollo e innovación así como la producción de un fármaco repercute de manera directa en el empleo y en la economía de un país. Ahora que Europa pierde la batalla de la competitividad frente a Estados Unidos y China resulta clave replantearse la influencia en la economía de nuestro país.
Se trata de analizar aspectos como la calidad de vida y el impacto en la sociedad
Lo cierto es que el reglamento europeo no aborda el tema directamente pero deja abierta la puerta a los estados miembros para su regulación. Probablemente el objetivo de la Comisión Europea sea abortar el problema de la competitividad en un paquete farmacéutico que mantiene en vilo al sector.
Hay países que ya se han adelantado en sus propias legislaciones para evaluar el valor social del medicamento. Estados de la Unión Europea como Francia, Alemania y Suecia y, fuera de nuestras fronteras, Estados Unidos o Reino Unido han incluido aspectos en sus legislaciones que van más allá del coste-efectividad. Resulta muy interesante el caso del Dental and Pharmaceutical Benefits Agency (TLV) sueco que ha comenzado a evaluar cuestiones como la reducción de las desigualdades en salud y la promoción de la equidad. La legislación británica también ha incorporado los impactos sociales. En un país como España donde las inequidades son una constante, este real decreto podría ser parte de la solución y acelerar el acceso con una orientación adecuada que beneficie, por un lado, a los pacientes y, por otro, a nuestro tejido industrial.
