Juan León García
A principios de octubre, saltaban las alarmas sobre la continuidad de Muface: las tres principales compañías aseguradoras que gestionan el mutualismo administrativo, al que se acogen aproximadamente 1,5 millones de empleados públicos, avisaron que no se presentarían. El motivo es que la primera oferta del Gobierno, subir la prima por mutualista en un 14%, era “insuficiente”. Adeslas, DKV y Sanitas, que admiten que trabajan en pérdidas millonarias cada año, estiman que sería necesario elevar esa cuantía un 40%.
Sin acuerdo previo, el Ejecutivo presentó una nueva propuesta: el 17,1% de subida para el concierto de los próximos dos años (2025-2026). Una cifra que ni satisface a las aseguradoras ni al sector privado. De no llegarse a un acuerdo, o de aceptar esas condiciones económicas, en 2025 no había prestadores de servicios de Muface y, por tanto, ese millón y medio de funcionarios se trasvasarían al Sistema Nacional de Salud (SNS).
Marta Villanueva, directora general del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), ha participado en el tercer episodio del podcast de iSanidad para hacer un análisis detallado sobre el estado en el que se encuentra el modelo mutualista administrativo.
Marta Villanueva (Fundación IDIS): “Hay que reconocer a Muface como un modelo de colaboración que funciona, descarga, reduce costes y genera satisfacción en el funcionariado”
En este sentido, expresa la necesidad de que se “reconozca” a Muface como “un modelo de colaboración que funciona; que descarga; que reduce costes; que genera satisfacción al 80% de los funcionarios de nuestro país, y que tiene que ser un modelo financiado adecuadamente”. De esta manera se podrá garantizar su futuro.
Actualmente, la prima media de Muface es de 984 euros, según los datos que maneja la propia Fundación IDIS, frente a los 1.608 euros por ciudadano en el sistema público. La subida del 17% permitiría superar levemente los 1.000 euros de inversión por mutualista, algo que a juicio de Villanueva no soluciona las pérdidas económicas que genera a los prestadores de servicios. Por eso, propone que la cuantía per cápita debería “llegar al equilibrio” con la de los pacientes del sistema público.
Por último, recuerda que la sanidad privada (los centros sanitarios y profesionales médicos que ejercen en el ámbito privado) ya está “al nivel” del sistema público “en temas de complejidad”. “Ahora mismo, a la población y al 80% de los funcionarios les genera más atractivo y confianza la sanidad privada”, sentencia.
